Oficio Ciudadano.

Las noticias en materia económica y financiera siguen inquietando,  pero no les prestamos mucha atención, especialmente en estos días de fiebre futbolera, en los que soñamos que ahora sí, podremos llegar a cuartos de final en el mundial de Qatar.    

La OCDE baja la perspectiva para el próximo año. Dice que México se desacelerará en 2023 hasta 1.6 por ciento, desde 2.5  por ciento de este año que está por concluir. Es de entender que, estando nuestra economía tan ligada a la de Estados Unidos, los descalabros y presiones inflacionarias que aquejen al vecino país del norte nos impactarán en mayor medida a los mexicanos. Como decía el economista Agustín Carstens, cuando a Estados Unidos le da gripe a nosotros nos da pulmonía. Así, el pronóstico de este organismo internacional es que las presiones inflacionarias seguirán y el endurecimiento monetario persistirá hasta 2024 en nuestro país.

Pero no solo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) manifiesta pronósticos nada halagüeños. También al Fondo Monetario Internacional (FMI),  advierte de deterioro en  la inversión e incertidumbre política. Aunque aprueba el marco macroeconómico de México, alerta sobre la falta de estado de derecho, el crimen y la corrupción.

En la evaluación anual de este organismo sobre México, señaló que el PIB no crecerá más allá de 2.1 por ciento en el mediano plazo, por lo que la captación de impuestos se estancará y la deuda crecerá. Por otro lado, las notas nacionales continúan precisando que los precios de los alimentos seguirán al alza en el año próximo,  que no hay indicios que señalen que bajarán las cotizaciones de las materias primas y que los efectos de la guerra en Ucrania, persistirán en la producción de cereales y fertilizantes.

El crimen y la corrupción son dos amenazas que no han podido ser conjuradas por este gobierno de la 4T, a pesar de sus declaraciones triunfalistas y sus pañuelos blancos. Los que antes criticaban y exigían desde la plaza pública, hoy evaden la realidad del incremento en la violencia y maquillan las cifras para disimular el fracaso de una estrategia laxa y en exceso tolerante con los delincuentes y los depredadores del erario público, especialmente si son de la familia.

En cuanto a la falta del estado de derecho que observan los organismos internacionales, me parece una falla monumental que no debería suceder en un país como el nuestro, con tradición de juristas reconocidos internacionalmente. Pero el presidente se empeña todos los días en darle la vuelta a nuestra Carta Magna. Es penoso que desde el máximo nivel de representación, el primer mandatario se empeñe en enviar señales de deterioro y retroceso en el entramado jurídico que daba solidez a los actos de la autoridad.      

Ahora, si sus propuestas de reformas constitucionales no encuentran consenso para lograr la mayoría calificada en el poder legislativo, el plan B es modificar las leyes secundarias para las que no requiere del voto de la oposición, y cambiar las reglas del juego de acuerdo a su miope visión de gobernante con tal de lograr su objetivo. Primero fue la ley de la energía eléctrica y ahora las modificaciones al Instituto Nacional Electoral. Al fin que si alguien las recurre por inconstitucio- nalidad, los incondicionales  ministros de la Suprema Corte de Justicia podrán empantanar esa situación. Si así sucedió en el primer caso, seguramente podrá presentarse en este segundo.

Sin duda que los crímenes tan violentos que han enlutado a miles de hogares y la corrupción galopante que sigue presentándose en este gobierno – cuyo combate y erradicación los tuvo como bandera de campaña –  son lastres terribles para cualquier gobierno; pero que a nivel internacional se nos diga que preocupa la falta del estado de derecho, a nosotros nos debería tener sin dormir, porque un país en que no respete un estado de derecho, es un país en el que sus ciudadanos estamos indefensos ante el poder arbitrario de quienes han sido depositarios de la soberanía popular, es decir, de las autoridades electas democráticamente.

Así que, más allá de la fiebre futbolística, de los precios accesibles en el Buen Fin, de los comentarios a la marcha ciudadana y los de la contramarcha gubernamental, preocupémonos y tomemos nota de la agresión y resquebrajamiento al estado de derecho que estamos observando desde el poder presidencial. Pensemos bien a quien entregaremos la soberanía popular en el ya cercano 2024: a quienes lo respeten y consoliden o a quienes les estorbe  y lo minimicen en función de sus intereses.