Alimenta a presos de Colima empresa señalada de antihigiénica, contratada sin cumplir la ley

Colima, México, Avanzada (28/02/2019).- La Cosmopolitana S.A. de C.V., una empresa que desde 2014 ha protagonizado graves escándalos por servir alimentos en mal estado en cárceles y otras instituciones públicas del país, fue contratada por el gobierno de Colima en diciembre de 2017 para hacerse cargo de la alimentación de los internos de los tres reclusorios y el centro para adolescentes de la entidad.

Sin embargo, en su informe de revisión de la cuenta pública correspondiente a ese año, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) determinó que en la contratación de esta empresa el Poder Ejecutivo incumplió los procedimientos establecidos en las leyes de la materia.

Conforme al fallo de la licitación pública nacional 06002-021-17, emitido el 15 de diciembre de 2018, la Secretaría de Administración y Gestión Pública del gobierno estatal adjudicó el contrato SAYGP/212-2017/DABS/CGJ a las empresas Abastos y Distribuciones Institucionales SA de CV, La Cosmopolitana SA de CV, y Productos Serel SA de CV, que presentaron una propuesta conjunta que oscila entre 65 mil 354 pesos 40 centavos como mínimo por día y 163 mil 386 pesos como máximo por día.

Estas cifras equivalen a 23 millones 854 mil 356 pesos como monto mínimo anual y 59 millones 635 mil 890 pesos máximo anual, y amparan la entrega mínima de 3 mil 756 platillos y máxima de 9 mil 290 por día, a la población de los cuatro centros de internamiento.

En su informe de auditoría concluido en septiembre de 2018, el Osafig formuló un requerimiento al Poder Ejecutivo de Colima, relacionado con ese contrato, en el que refirió que esa instancia omitió elaborar la investigación de mercado por parte de las áreas requirentes de los bienes y servicios, previo a la realización del procedimiento de licitación pública.

De esa investigación, añadió el organismo, se pudo haber determinado “la mediana de los precios preponderantes en el mercado, el precio no aceptable y el precio máximo de referencia, el cual consiste en el precio al cual está dispuesta a pagar la dependencia, una vez analizados los precios históricos pagados, los precios establecidos en contratos vigentes, y en última instancia, los precios obtenidos de las cotizaciones solicitadas por dicha dependencia”.

En respuesta a ese requerimiento, “el ente auditado, exhibe únicamente dos cotizaciones de fechas 09 de noviembre de 2017, por parte de un proveedor de la Ciudad de México; que no hace las veces de investigación de mercado al no contener la información mínima que señalan los artículos 3, primer párrafo, fracciones XXV y XXVI, y 27, segundo párrafo, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima”.

Otra observación consistió en que el Poder Ejecutivo “omitió exhibir en su totalidad, los pagos efectuados al proveedor”. Al respecto, a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, el ente auditado “manifiesta a este Órgano Fiscalizador que los procedimientos de compra ante dicha Dirección concluyen hasta la firma del contrato, y que lo relativo a los pagos corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas”.

Así también, “exhibe oficios de respuesta adicional en los que se refiere a diversas compras y contratos formalizados por el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima y otros por la Dirección de Servicios Generales, los que no tienen relación con el resultado de auditoría que se analiza”.

Además, anexó una relación de cuentas por liquidar correspondientes al contrato de referencia con fechas diversas en el ejercicio fiscal 2018, “sin anexar la documentación comprobatoria fiscal y justificativa del gasto, para cada uno de los pagos relacionados”.

Por lo anterior, el Osafig declaró no solventados ninguno de los requerimientos ni de las observaciones realizadas al Poder Ejecutivo, determinación que fue avalada por el Congreso del Estado en su decreto 592 de fecha 24 de septiembre de 2018, donde decidió turnar el asunto nuevamente al Osafig para que desahogue los procesos de investigación de las presuntas observaciones.

Propiedad de la familia Landsmanas y parte del Corporativo Kosmos (CK), La Cosmopolitana estuvo involucrada en la intoxicación de 683 reos del penal de Puente Grande, Jalisco, en mayo de 2014.

Según una investigación de Karla Casillas y Laura Sánchez Ley para Quinto Elemento Lab y Vice, difundida recientemente, la situación de la comida, provista por esa empresa, tuvo que ver en un motín ocurrido en febrero de 2013 en el penal de las Islas Marías, donde hubo 32 heridos, algunos de ellos de bala.

Diversos informes y testimonios citados en esa investigación revelan serios problemas de calidad, cantidad e higiene de los alimentos de La Cosmopolitana, que en ocasiones han sido servidos con hilos, larvas, gusanos y hasta cucarachas.

Aunado a lo anterior, esa empresa es considerada el monopolio en el servicio de comidas para los presos del país, además de atender también a pacientes y trabajadores de diferentes áreas del IMSS, Pemex, guarderías del DIF, policías e instancias de una buena cantidad de estados del país.

Las indagatorias de Quinto Elemento Lab y Vice arrojaron que Corporativo Kosmos ha logrado contratos por al menos 29 mil 76 millones de pesos entre 2002 y lo que va de 2019, una tercera parte sin licitación, sin contar los que firmó con Pemex y sus subsidiarias.

Imagen del preso en el suelo Mauricio Santos/VICE.