La semana pasada, el Congresos del Estado autorizó una serie de endeudamientos para todos y cada uno de los diez municipios de la entidad, así como para el gobierno estatal, los que una vez aprobados a su vez por sus respectivos cabildos, podrán ejercerse en lo que resta del año y en todo el próximo ejercicio presupuestal de 2023.
El monto de toda la nueva deuda pública municipal apenas ascenderá a poco más de 291 millones de pesos, ya que en su mayoría los montos son menores, con excepción de Colima, Manzanillo y Tecomán, que tienen un techo más cuantioso; lo curioso de este endeudamiento en serie es que la justificación avalada por los tribunos locales se describe con generalidades, invocando como fuente de los mismos el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Es decir, no se precisan obras públicas productivas específicas o determinadas por cada ente público, sino se recurre a la trillada frase “…..inversiones públicas productivas en obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema…”.
En el caso del gobierno estatal, se autorizó un financiamiento por 65 millones de pesos, exactamente con la misma justificación que los municipios y se aprobó la reestructuración de más de 3 mil millones de pesos que suman la deuda pública de largo plazo del estado, sin referir en el análisis que hicieron algunos diputados, que en apenas diez meses de estar en el cargo, Indira Vizcaíno ha contratado deuda a corto plazo por 850 millones de pesos adicionales a la deuda recibida del gobierno peraltista.
Y aún más curioso resulta que todo el endeudamiento compartido se manejará en un fideicomiso, el Fideicomiso 946, constituido por el gobierno del estado como Fideicomitente y Fideicomisario en segundo lugar y con Banco Invex, S.A. e Invex Grupo Financiero, como Fiduciario. Así, llama la atención que la gobernadora haya invitado a los munícipes a integrar esta bolsa compartida de financiamiento. Primero, porque para los gobernantes de Morena esos instrumentos financieros son facilitadores de la corrupción y en esa visión, no hay que crear sino desaparecer todos los que se hubieren encontrado, tal como lo hizo el presidente López Obrador, y segundo, porque al no tener los municipios ni el mismo estado una idea precisa de las obras que se requiere realizar éstas podrían no realizarse y el fondo del fideicomiso puede ser utilizado por el fideicomisario en segundo lugar, es decir, el propio gobierno estatal. No se explica de otra forma el que se haya creado un fideicomiso colectivo para tal efecto.
Ahora bien, Indira Vizcaíno ha solicitado financiamientos directamente desde el inicio de su administración. Han sido cuatro créditos bancarios con vencimientos anuales, como siguen: 250 millones de pesos solicitados en julio pasado a Banorte, con vencimiento en julio del próximo año; 100 millones de pesos, solicitados en enero a Grupo Financiero Afirme y de cuyo crédito ya lleva amortizados 58 mdp; 200 millones de pesos solicitados en noviembre y 300 millones de pesos más requeridos en diciembre pasados, en sus primeras semanas de gobernadora, los que todo hace suponer, se utilizaron para cubrir la nómina y prestaciones de los maestros y trabajadores sindicalizados.
Lamentablemente no hubo la suficiente discusión en el poder legislativo antes de aprobarse el paquete de endeudamientos, los diputados en su gran mayoría con la sola excepción de dos del total que votaron en contra y señalaron falta de transparencia, se limitaron a aceptar que la reestructuración de la deuda de largo plazo se contratara con la banca que ofreciera las mejores condiciones, sin que hubiese el compromiso de informar con posterioridad esas condiciones en que hubiese quedado tal reestructuración.
Por otro lado, dadas las circunstancias actuales del mercado financiero con los sucesivos incrementos en las tasas de interés, es difícil pensar que alargar la deuda en el tiempo pueda concertarse en buenas condiciones, cuando en los años anteriores la espiral inflacionaria estaba más controlada.
Así, Indira Vizcaíno, con la complacencia de la mayoría de diputados, sigue la política de su antecesor priísta. Para los morenistas, no importa que se digan diferentes y que se hayan comprometido a gobernar con honestidad y transparencia, seguirán pateando el bote hacia adelante para librar su sexenio de hacer frente a los adeudos y de sanear las finanzas estatales, en detrimento de la calidad de vida de los colimenses que seguirán esperando las obras públicas que necesitan.