Alcalde tapatío en apuros por irregular renta de patrullas; en Colima no se investiga

Colima, México, Avanzada (01/05/2022).- El presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se encuentra en apuros por su presunta responsabilidad en irregularidades en la adjudicación de contratos para renta de patrullas, de acuerdo con una denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En la querella, la dependencia federal afirmó que tres de las compañías participantes en el concurso de licitación para el arrendamiento de 290 patrullas fueron descalificadas por “insolventes técnicamente”.

Sin embargo, de acuerdo con información de periodista Gloria Reza, publicada en el portal de Proceso, se favoreció a Integradora de Apoyo Municipal, S.A. de C.V. que pese a que hizo la propuesta más alta, se le asignó un contrato por 792 millones 261 mil 796 pesos a pagarse en un periodo de 30 meses.

Desde el 15 de febrero pasado, el regidor de Morena Carlos Lomelí había solicitado a la SFP atraer el caso ante las irregularidades en el proceso, entre ellas incumplir los tiempos previstos en la Ley de Compras Gubernamentales y desacato a una suspensión emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco que prohibía dictar el fallo de la licitación.

Así también, la adjudicada ofreció un precio 300 millones de pesos más caro que las propuestas de las otras tres participantes.

Por lo anterior, la SFP pidió al Ministerio Público Federal investigar y esclarecer los hechos, “para que de configurarse el delito establecido en el artículo 217, fracción I, inciso C), se ejercite acción penal en contra del o de los servidores públicos responsables del acto”.

En Colima, a pesar de que se firmó un contrato por casi 300 millones de pesos para la renta de 157 patrullas por un periodo de tres años —es decir, un costo de arrendamiento de casi dos millones de pesos por cada vehículo— no se han esclarecido ni se han transparentado las condiciones de esa operación.

A pesar de que la ley de la materia obliga al gobierno estatal a publicar el contrato de arrendamiento de las patrullas, así como la documentación correspondiente al proceso de asignación de éste, la administración que encabeza Indira Vizcaíno Silva no ha cumplido con las disposiciones legales.

La única información con que se cuenta surgió de manera extraoficial, en el sentido de que la empresa arrendadora es dirigida por un exdiputado federal priista y exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, además de que no hubo concurso de licitación, pues se trató de una adjudicación directa.

No obstante, el gobierno de Colima ha ocultado la información y documentación relativa a este tema, impidiendo que se conozcan los mecanismos de la contratación del arrendamiento de esas patrullas y que se indague si hubo alguna irregularidad.