Las historias de impunidad

Colima, México, Avanzada (04/01/2022).- El uso indebido de los recursos públicos y la protección para los responsables de estas acciones es una práctica común en Colima, un estado donde los niveles de impunidad sobrepasan el 90 por ciento, y según los datos de la Fiscalía General, no existe ningún funcionario procesado por el delito de corrupción, a pesar de que la entidad se encuentra en una quiebra financiera.

El 20 de octubre de 2016, el entonces auditor superior Armando Zamora González hizo públicos los resultados de la auditoría excepcional que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización (OSAFIG) practicó a los tres últimos años del gobierno de Mario Anguiano Moreno.

En la información fiscal se reveló que en el gobierno del ex mandatario se desviaron 2 mil millones de pesos del presupuesto del estado de Colima, durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Por este hecho, Anguiano Moreno fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 15 años y se le impuso una multa por 45 millones de pesos.

Entre los hallazgos más notorios, la auditoría excepcional detectó un desvío de mil 867 millones de pesos por parte del gobierno estatal, para cubrir la nómina en los ejercicios 2013 y 2014. Se simularon registros contables para el ocultamiento del pago de nómina no presupuestada.

Simplemente en el 2013, se gastaron 920 millones de pesos más a los presupuestados, en el rubro de servicios personales. Tales recursos fueron reclasificados a otras partidas, como inversión productiva, donde en realidad no se ejercieron.

También se detectó que en ese año, el Poder Ejecutivo ocultó y falseó información contable, al realizar reclasificaciones de la partida de servicios personales al de inversión productiva, por un monto de 669 millones de pesos.

El OSAFIG detectó que en el 2013, funcionarios del despacho del gobernador gastaron 6 millones de pesos en artículos, servicios y productos no autorizados por el reglamento, tales como viajes, comidas, bebidas alcohólicas, vestidos.

Mientras que en el 2014, se registraron esos mismos conceptos de gastos, por un monto de 6 millones 500 mil pesos, a cargo de la Secretaría Privada del Despacho del Gobernador.

En este rubro, el órgano fiscalizador observó el pago de un millón de pesos, por la adquisición  de mil 600 gallinas ponedoras, requeridos por la Secretaría de Desarrollo Social en el 2014, pero el servicio nunca se otorgó.

Además, en junio de 2016, cuatro meses de que asumió como gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez difundió los resultados del informe de revisión fiscal que la empresa PricewaterhouseCoopers (PwC) practicó a los dos últimos años del gobierno de Mario Anguiano Moreno, donde se evidencia un uso discrecional de cientos de millones de pesos, adeudos por otro tanto e irregularidades en la adjudicación de contratos y obras.

La empresa foránea – que cobró más de 2 millones de pesos-  revisó, los contratos de adquisiciones y obra pública; bienes muebles e inmuebles; uso de fondos federales; reembolso de recursos a la Federación y adeudos a proveedores

Entre los hallazgos se encuentran pagos por 2 millones de pesos, en un lapso de seis meses (enero a junio de 2015), a una persona adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.

También se consignó el pago de sobreprecio en la adquisición de llantas (79 mil pesos), atunes (5 mil 115), huevo (3 mil 377), tortilla de harina (mil 710 pesos) y jugo de durazno (mil 968 pesos).

No fue lo único, la empresa auditora detectó contratos por 12 millones 520 mil pesos, que no se encuentran respaldados por un contrato y procedimiento de adjudicación.

Sin embargo, aunque el ex gobernador Mario Anguiano Moreno fue inhabilitado para ocupar cargos públicos y se le impuso una sanción por 515 millones de pesos, no existe evidencia de que el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez le haya cobrado al ex mandatario estatal, quien incluso, ha dicho que no cuenta con recursos para cubrir la sanción.

Por su parte, el ex gobernador Ignacio Peralta Sánchez terminó el sexenio peor que su antecesor, pues también es acusado de presuntos actos de corrupción, compras a sobreprecio, adeudos por más de 11 mil millones de pesos, y se le responsabiliza de la quiebra financiera del gobierno del estado por haber desviado el presupuesto de la administración estatal de julio a diciembre de 2021, lo que ocasionó retraso en el pago de la nómina de miles de trabajadores y el despido de empleados de contrato.

Pese a los hechos, y a los señalamientos que la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva ha hecho en contra de su antecesor, no existen ninguna sentencia condenatoria ni el reintegro de recursos públicos a pesar de las irregularidades detectadas. 

LA  ÚLTIMA CUENTA DEL EX GOBERNADOR PERALTA

Al igual que su antecesor, Peralta también tiene señalamientos por el uso irregular de los recursos públicos.

El pasado 24 de noviembre, el Congreso del Estado acusó a la administración del ahora ex gobernador, Ignacio Peralta Sánchez de hacer un uso discrecional de los recursos públicos y solicitó al OSAFIG presentar las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.

Además, por unanimidad, los  legisladores se negaron a aprobar el Informe de Resultados del Poder Ejecutivo correspondiente al 2020 y solicitaron al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) presentar las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.

La presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso, Lizeth Moreno fue la encargada de darle lectura al informe de OSAFIG y sentenció que al analizar las 784 observaciones contenidas en el informe entregado por el OSAFIG, mismo que incluye 584 hallazgos financieros, se aprecia un manejo inadecuado de la gestión financiera realizada por la administración estatal saliente”, dijo.

Destacó que de acuerdo a la información proporcionada por los diputados la mayoría de las observaciones están relacionadas con las adquisiciones, mismas que representan el 69 por ciento del total, “las  cuales no se ajustaron a los previstos en la ley”.

En la tribuna, la diputada sentenció que se gastó más dinero del que se recibió, “fue detectada una cuenta bancaria no detectada en la cuenta del Poder Ejecutivo, lo que demuestra un manejo nada transparente de las finanzas estatales”.

Además, dijo que el registro del Patrimonio Público del gobierno, no coincide con la información presentada en la contabilidad por el gobierno del Estado.

Moreno Ceballos explicó que hasta el 2020, el gobierno del Estado adeuda al IPECOL un total de 932 millones de pesos, “se observan prácticas concurrentes de funcionarios que salían de comisión y no comprobaban sus viáticos, por lo que existen diversos hallazgos en este sentido”.

Pese a la gravedad de los hechos señalados, no se han reportado avances en las investigaciones en contra del ex gobernador Peralta e incluso, no existe un Fiscal Anticorrupción, tras la renuncia en diciembre pasado de Francisco Álvarez de la Paz.