La red de complicidades que protegió a Peralta

Colima, México, Avanzada (03/11/2021).- Durante su sexenio, el priista, Ignacio Peralta Sánchez contó con una red de complicidades que le permitieron ocultar las presuntas irregularidades financieras en las que incurrió su administración y derivaron en la quiebra económica del estado.

Dicha red la fraguó a lo largo de su sexenio y bajo el cobijo de la ley, quien le permitía colocar a los amigos, colaboradores o afines a su proyecto en los puestos estratégicos para la fiscalización, revisión y el castigo a la corrupción.

De esta manera llegó al Poder Legislativo donde corrompió a algunos diputados para quebrar a la mayoría opositora que tuvo durante su primer año de gobierno y los cuales fueron premiados con distintos cargos dentro de la administración estatal u organismos descentralizados.

Tanto en la LVIII (2015-2018) y LIX (2018-2021) legislaturas, los presidentes de las comisiones de Hacienda en el Congreso, encargada de fiscalizar, revisar el trabajo del OSAFIG y analizar el presupuesto de Egresos, además de las Cuentas Públicas, estuvieron presididas por afines al gobernador.

Durante la LVIII (20015-20018) el presidente de la comisión de Hacienda fue el priista, Santiago Chávez Chávez, quien jamás cuestionó las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado y acomodó el presupuesto al antojo del Ejecutivo.

En este año, Chávez fue secretario de Finanzas durante 40 días en el sexenio de Ignacio Peralta Sánchez, tras la renuncia al cargo de Carlos Noriega García.

Después, en la siguiente legislatura (2018-2021), el presidente de la comisión de Hacienda fue el priista, postulado por Morena, Julio Anguiano Urbina, quien al igual que su antecesor se alió junto con el ex mandatario estatal y Carlos Noriega para aprobar la deuda pública, el presupuesto y hacer un nulo análisis sobre las finanzas del estado.

En esta ruta de complicidades, Peralta Sánchez también ha contado con el respaldo del Fiscal Anticorrupción, Francisco Álvarez de la Paz, quien  hasta antes de su nombramiento por el Congreso del Estado el 5 de septiembre de 2018 se desempeñaba como auxiliar Jurídico de la Dirección de Procesos Legislativos del Congreso del Estado de 2016 a 2018.

El jueves pasado, el líder de la burocracia estatal solicitó al Congreso intervenir porque la Fiscalía Anticorrupción no había notificado al entonces gobernador, Ignacio Peralta Sánchez y su ex secretario de Finanzas, sobre la denuncia por la retención ilegal de cuotas de los trabajadores.

Así también, aunque desde el 2020, la Fiscalía Anticorrupción tiene diversas denuncias en contra del ex mandatario mismas que fueron interpuestas por ex legisladores por obras a sobre precio, desvío de recursos, y presunto peculado, ninguna de ellas  avanzan.

En el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización (OSAFIG) el ex gobernador encontró el cobijo de su titular, Indira Isabel García Pérez, propuesta por el mismo Peralta para que el Congreso la eligiera en el cargo el 20 de diciembre de 2017.

Aunque el OSAFIG detectó irregularidades y violaciones a la Constitución, desde la fiscalización de la Cuenta Pública de 2018, y 2019 y aunque hizo públicos estos hechos, no ha interpuesto ninguna denuncia en contra de Peralta Sánchez o Noriega García.

Incluso, la Unidad de Investigación del OSAFIG sigue sin emitir conclusiones sobre la gravedad de las observaciones detectadas en la Cuenta del Gobierno de 2018 y donde se encontró que el gobierno de Colima utilizó para otra cosa que la que había anunciado los 200 millones de pesos para la adquisición de la XX Zona Militar.

Hasta el momento, el OSAFIG no ha promovido ninguna denuncia en contra del Poder Ejecutivo por las cuentas públicas de 2018, 2019 y 2020.

No es lo único, Peralta Sánchez colocó como magistrado del Poder Judicial a Bernardo Salazar su amigo desde la Universidad y en caso de que prospere el juicio político en el Congreso, el Poder Judicial es el encargado de dictaminar la sentencia para los señalados.

En el Tribunal de Justicia Administrativa se encuentran como magistrados, Andrés Gerardo García Noriega, quien fue Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, hasta que fue nombrado como magistrado y Yarazeth Villalpando Valdez, cercana al grupo político de Pedro Peralta, primo del ex gobernador.

El Tribunal de Justicia Administrativa  es competente para conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves promovidas por el Órgano Superior de Auditoría, la Contraloría General del Estado, las contralorías de los municipios y los demás Órganos internos de Control.

En la lista también se suman  la contralora del Estado, hasta el pasado mes de junio, Agueda Catalina Solano Pérez, así como dirigentes sindicales, por ejemplo de la sección 39 del SNTE, Heriberto Valladares quien nunca denunció penalmente al gobernador o al ex titular de Finanzas, Carlos Noriega García por los descuentos injustos, el impago de las quincenas de los trabajadores y la crisis en el sistema de Pensiones.