EDITORIAL: Los vergonzantes y ofensivos sueldos de los servidores públicos

Hasta hace dos décadas era prácticamente imposible conocer los salarios de los servidores públicos en México y en Colima, pues era información que quienes llegaban al poder preferían mantener en secreto para no despertar críticas de la sociedad, debido a las cantidades estratosféricas que han percibido los funcionarios en comparación con el resto de la población.

Sin embargo, a partir de que la sociedad mexicana conquistó el derecho a la transparencia de la información pública, uno de los primeros datos que salieron a relucir fueron los grandes montos económicos con que se pagan a sí mismos los funcionarios, tomados desde las arcas a donde van a dar los dineros públicos.

Siendo México un país muy rico en recursos naturales y en la producción que generan sus habitantes, resulta incomprensible cómo es que la mayor parte de los mexicanos se encuentran viviendo en algún nivel de pobreza, además de que resultan ofensivos los niveles de desigualdad social que se reflejan en sueldos de más de 600 mil pesos mensuales con los que se benefician los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y muchos otros funcionarios que obtienen 500 mil, 400 mil, 300 mil o 200 mil pesos.

En ese contexto, una buena parte del electorado del país vio con buenos ojos la propuesta del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir los sueldos de la alta burocracia, así como la eliminación de las pensiones de los expresidentes de la república, con el fin de terminar con privilegios de un pequeño sector en el país.

Sin embargo, es increíble observar cómo algunos sectores del poder, sobre todo del Poder Judicial y de algunos otros organismos, se aferran a esos beneficios, que vistos a la luz de la realidad de la mayoría del país, resultan irracionales.

Es lamentable cómo la SCJN decidió suspender la vigencia de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal artículo 217 bis y 217 ter, mientras no se resuelva su constitucionalidad.

La ambición e insensibilidad social de muchos servidores públicos que no están dispuestos a ganar menos de 108 mil pesos mensuales —que es el sueldo del actual presidente López Obrador—, ha provocado una lluvia de juicios de amparo, con lo que fortalecen la postura de los ministros de la Corte, que tampoco están dispuestos a dejar de percibir sus altísimos sueldos.

Más lamentable es todavía que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y más de 50 senadores hayan interpuesto ante la SCJN las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, dolidos también por la nueva legislación encaminada a reducir la brecha salarial entre altos funcionarios y servidores públicos de la base y el resto de la población.

Aunque haya quienes impugnen la reducción de los salarios de la alta burocracia argumentando cuestiones de legalidad y constitucionalidad, lo cierto es que en ocasiones hay mucha diferencia entre la legalidad y la justicia.

Por más que ese sistema de remuneraciones esté garantizado en la Constitución, es momento de cambiar los viejos paradigmas hacia nuevos moldes en los que se imponga una conciencia ética del servicio público, en busca de transitar hacia una nueva sociedad en donde se destierre la mentalidad en la que los puestos de poder son vistos como una forma de enriquecimiento.

Hoy más que nunca se requiere que todos los sectores que integran el Estado mexicano —gobierno federal, estatales, municipales, poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, así como organismos descentralizados y autónomos— adquieran conciencia de que están ahí para servir y no para servirse de los recursos públicos.

Habrá situaciones en las que será importante que los ciudadanos sean críticos de la actuación del presidente de la república, pero en estos momentos la reducción de los sueldos de los altos funcionarios es una buena causa en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador requiere el apoyo de la sociedad.