Colima, México, Avanzada (04/10/2021).- Los diputados locales de diversas bancadas, que tomaron protesta el viernes pasado, coincidieron que el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez es el peor de la historia en Colima; se comprometieron a no repetir la historia de la legislatura anterior, a revisar y fiscalizar con minucia para fincarle responsabilidades.
Los nuevos legisladores locales asumen el cargo en medio de una crisis de credibilidad sobre la actuación de los integrantes del Poder Legislativo, debido a que la mayoría de los anteriores diputados le aprobaron al Ejecutivo deuda sin transparentar el uso de recursos, fueron omisos en la fiscalización y como Congreso no promovieron acciones para castigar el desvío de recursos que confesó el gobernador el pasado 29 de julio.
La mayoría de las fracciones –a excepción del PRI- fueron enfáticos en señalar que se revisarán las cuentas públicas del gobernador y sus colaboradores, para fincar responsabilidad en caso de que corresponda “no habrá impunidad”.
La actual presidenta de la mesa directiva, Viridiana Valencia Vargas afirmó que el Congreso no está a la venta “y si alguien resulta culpable de algún delito, no habrá impunidad”.
Por su parte, la coordinadora del Partido Encuentro Social, Kathia Zared Castillo Hernández, afirmó que los colimenses recordarán a Ignacio Peralta Sánchez como el peor gobernador de la historia de Colima, “somos vergüenza nacional, al ocupar primeros lugares en homicidios dolosos y otros delitos”.
Mientras tanto, la diputada del PT, Evangelina Bustamante Morales, señaló que la situación del estado es deplorable y dijo que para aquellos que traicionaron la confianza ciudadana, la justicia llegará tarde o temprano.
La diputada única de Nueva Alianza, Myriam Gudiño Espíndola, se sumó a las voces que criticaron el gobierno de Peralta y se unió a quienes piden que no haya impunidad ante la quiebra financiera de Colima.
Por su parte, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Glenda Yazmín Ochoa, expresó que el panorama es tan grave que no sólo se derrumbaron los indicadores de bienestar, como la seguridad, educación y salud; también, se dejó de pagar a los trabajadores.
“Nunca en la historia de Colima un gobernador había quebrado las finanzas públicas, hasta el grado de no tener dinero para pagar la nómina; se refugia en la Ley de Disciplina Financiera, pero esa misma legislación le impide desviar recursos ya etiquetados”.