Colima, México, Avanzada (06/08/2021).- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción echó abajo los argumentos del gobernador para declarar la insolvencia económica del estado y reveló que al término del 2020, la administración que encabeza Ignacio Peralta, obtuvo casi 2 mil millones de pesos más de los ingresos que había presupuestado por concepto de recaudación.
En la solicitud de exhorto que presentaron el pasado 2 de agosto ante el Sistema Anticorrupción, los cuatro integrantes del comité ciudadano expusieron que el pasado 29 de julio el titular del Ejecutivo señaló que en el 2020 se experimentó la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, lo que representó gastos extraordinarios en el sector salud, así como una caída de ingresos a nivel nacional y estatal derivada de la contratación económica.
Sin embargo –señalan en el documento- que en el Cuarto Informe Trimestral de la Cuenta Pública 2020, en el rubro de ingresos se observa “que se tenía presupuestado de ingresos la cantidad de 17 mil 24 millones de pesos y se recaudaron 19 mil 21 millones 596 mil, es decir, mil 995 millones 519 mil 621 pesos más que lo estimado”.
Así también dicho Comité señaló que el gobernador, en su comunicado del pasado jueves, dijo que no contaba con los recursos para poder cumplir con los compromisos de fin de año, especialmente los aguinaldos del 2020, “a partir de esta afirmación surge la duda a este Comité de Participación Ciudadana (CPC) sobre el destino del excedente de mil 995 millones 519 mil 621 pesos por ingresos y que no se mencionan en el comunicado del 29 de julio”.
Asimismo, los integrantes de dicho Comité explicaron que en el Cuarto Informe Trimestral de la Cuenta Pública 2020 se observa que – el gobierno del Estado- tenía presupuestado un monto de 17 mil 24 millones de pesos y se devengaron 19 mil 25 millones.
Lo anterior significa que la administración estatal gastó 2 mil millones de pesos más de lo que tenía presupuestado pero no en acciones para enfrentar la pandemia, por el contrario, los gastos son en los rubros de materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inversión y deuda pública.
En otra parte, el Comité refiere que se desconoce el destino de los créditos a corto plazo que contrató el gobernador y recordó que el Congreso del estado le autorizó al titular del ejecutivo un crédito por 740 millones de pesos, de los cuales 176 millones de pesos se destinarían para atender la emergencia por el Covid-19, “pero en el comunicado, el gobernador de Colima omite señalar dicha circunstancia y que al sumar la deuda de corto plazo (contraída en el 2020) y el crédito autorizado por el Congreso a largo plazo debió ser más que suficiente para hacer frente a la crisis enfrentada con motivo del SARS-CoV-2, sin que se tuviera la necesidad de tomar recursos ya presupuestados para cubrir gasto corriente”.
También los integrantes del Comité revelaron que se desconoce la aplicación y el destino de los 740 millones de pesos autorizados por el Congreso el año pasado.
Cuestionaron los criterios que utilizó el gobernador para pagar los créditos a corto plazo, de los cuales, 510 millones de pesos no estaban presupuestado y sentencia que el gobernador omitió informar “los criterios utilizados para preferir destinar recursos de gasto corriente y pago de prestaciones laborales, frente a otros recursos con los que cuenta el gobierno del estado, como excedentes de ingresos u otros activos del gobierno”.
Por último advirtieron que entre el 2015 y el 2020, el incremento de los pasivos aumentaron en un 62 por ciento al pasar de 3 mil 830 millones de pesos a 6 mil 229 millones de pesos.
El Comité Ciudadano indicó que esta situación no fue informada por el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez en el comunicado que leyó el pasado 29 de julio – donde declaró a su gobierno insolvente- .
Los integrantes del Comité que firmaron el documento son: Juan Carlos Alcántar Pérez; Carlos Garibay Paniagua; Carlos Anguiano Solano y Bárbara Mancera Amezcua.