La publicidad oficial, presunta fachada de Colima para desviar recursos a Operación Safiro

Colima, México, Avanzada (06/07/2021).- La participación del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez en la llamada Operación Safiro pudo haberse dado a través de los recursos presupuestados para publicidad oficial, pues “casualmente” en esa época se establecieron por parte de Colima millonarios contratos publicitarios con empresas mediáticas del Estado de México, cuando se desarrollaba, entre 2016 y 2017, el proceso electoral por la gubernatura.

Se denominó Operación Safiro a la estrategia seguida a través de varios gobiernos estatales priistas para desviar recursos del presupuesto a las campañas electorales del PRI en varios estados, bajo la coordinación desde el interior de la Secretaría De Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizada por Raúl Olmos, Valeria Durán, Ricardo Alvarado y Lucía Vergara, se desviaron fondos públicos no sólo de Chihuahua, sino también de Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y de la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México, para el presunto financiamiento de campañas electorales priistas en 2016, mediante el uso de 12 empresas fantasma.

Aunque en esa investigación de MCCI se mencionan transferencias de dinero a determinadas empresas en fechas específicas, por cerca de 15 millones de pesos, también resultan sospechosas las partidas destinadas para empresas de comunicación del Edomex en esa misma época.

De acuerdo con una publicación realizada por Avanzada, a lo largo de 2016 y en el primer cuatrimestre de 2017, la administración estatal gastó 32 millones 751 mil 086 pesos, de los que el principal beneficiario fue un consorcio de empresas del Estado de México ligado a Luis Videgaray Caso, viejo amigo de José Ignacio Peralta, y titular de la SHCP, dependencia desde la que fue operado el desvío de recursos.

Ese grupo empresarial, propiedad de una familia vinculada al Grupo Atlacomulco, ocupó en ese tiempo el primer lugar de la lista de proveedores de publicidad del gobierno estatal, con un monto de 4 millones 800 mil pesos. Precisamente el periodo de transferencia de esos recursos fue el previo a la elección de gobernador, en la que terminó imponiéndose el priista Alfredo del Mazo Maza por sólo 3 puntos porcentuales a la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez. 

Si las autoridades indagan a fondo sobre esta contratación atípica del gobierno de Colima, podrían fortalecerse las investigaciones de la Operación Safiro o desenrollarse otra madeja de probable corrupción.

En el caso de la investigación de la Operación Safiro, el monto total desviado fue de alrededor de 650 millones de pesos, cantidad de la que 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos de otras seis entidades, entre ellas Colima.

Según lo investigado por MCCI, dos empresas fantasma, llamadas Servicios y Asesorías SINNAX y SISAS, utilizadas por Chihuahua para operar el desvío de fondos para supuestamente financiar campañas del PRI, también recibieron transferencias del Gobierno del Estado de Colima.

Apenas tenía tres meses y medio en el poder la administración priista del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, cuando el 26 de mayo de 2016 realizó dos transferencias por 3 millones 163 mil 896 pesos a la cuenta 413881595 de Banorte, cuyo titular era la empresa SINNAX.

Ese mismo día, el gobierno colimense envió 2 millones 174 mil pesos a la cuenta 413881607 del mismo banco, a nombre de SISAS.

La primera empresa tiene como accionista al ex policía del Edomex y la segunda a su hija, con domicilio en una casa de la colonia San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco. Ambas firmas han sido señaladas por el SAT por operaciones simuladas.

Hubo una tercera empresa vinculada con las anteriores, que también recibió transferencias del gobierno colimense.

Se trata de Novanight SA de CV, que recibió cuatro transferencias en marzo de 2016 en la cuenta 413881577 de Banorte, por 9 millones 803 mil pesos. La administradora de esta empresa es Sandibel Gallardo, pariente del policía, y residente en el barrio San Antonio Xahuento, en el municipio de Tultepec.

EL ASESINATO DEL PRINCIPAL TESTIGO

A mediados del año pasado fue asesinado en el estado de Morelos Isaac Gamboa Lozano, junto con dos de sus hermanos y su madre, en un hecho que las autoridades de Morelos presentaron como un “crimen pasional” al responsabilizar y detener a su esposa por supuestamente haber ideado el hecho junto con su amante.

Hasta el final del sexenio de Enrique Peña Nieto, Isaac Gamboa estuvo al frente de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP, desde donde se considera que participó en la Operación Safiro.

De acuerdo el portal Animal Político, fue precisamente a partir de un convenio para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), autorizado por la firma de Isaac Gamboa que el gobierno del chihuahuense César Duarte, hoy preso en Estados Unidos por peculado y asociación delictuosa, desvió 246 millones de pesos al PRI en las campañas electorales de 2016, en el caso conocido como “Operación Zafiro” y que fue dado a conocer por Reforma. El titular de la Secretaría de Hacienda en la época de la malversación de fondos era Luis Videgaray.

“Gamboa tenía mucha información y mucho conocimiento de quiénes habían actuado en la ‘Operación Zafiro’. Información que, por el esquema, los montos y las entidades federativas involucradas, indudablemente habría apuntado a niveles mucho más altos (en la investigación)”, dijo en entrevista a Animal Político César Augusto Peniche, fiscal general de Chihuahua.

El funcionario estatal sostuvo que Gamboa era uno de los orquestadores principales de ese desvío millonario. Así también lo declararon a la Fiscalía testigos colaboradores imputados por este caso, entre ellos Jaime Herrera Corral, el exsecretario de Hacienda de César Duarte. 

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo a Animal Político que desde el gobierno de Peña Nieto se hizo todo lo posible por frenar la investigación en contra del jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda. Tanto que, según el mandatario, funcionarios federales condicionaron la entrega de recursos públicos para Chihuahua en enero de 2018 a cambio de no tocarlo. Incluso, la administración peñista acudió a la Suprema Corte para ampararse en contra de cualquier investigación en los estados en contra de su gabinete, incluyendo a Gamboa.