En Colima se asesina, discrimina, y desaparece a mujeres ante la ausencia de autoridad

Colima, México, Avanzada (22/10/2018).- María del Carmen Vázquez Aragón sufrió, sin saberlo, dos de los graves problemas que afectan a la entidad: la desaparición y la discriminación de personas.
El 10 de agosto de 2010, la joven de cabello rubio y madre de tres hijos fue vista por última vez en Manzanillo. Las autoridades de la entidad colimense no le hicieron mayor caso a la madre de la víctima, bajo el argumento de que Carmen trabajaba en un centro nocturno o table dance y por lo tanto, ella se había buscado el destino que estaba padeciendo La madre de la joven soportó las risas burlonas de los elementos policiacos de Manzanillo cuando intentaba que le hicieran caso e investigaran el paradero de su hija.
A ocho años de la desaparición, el gobierno de Colima jamás ha hecho algún pronunciamiento que le permita a la familia de María del Carmen conocer avances sobre la investigación. La madre de la joven y los tres hijos de ella, han tenido que sufrir el calvario de perder a un ser querido, no saber dónde llorarle, y mucho menos encontrar el respaldo de la autoridad y la sociedad ante un crimen que debería ser condenado pero no tuvo eco por la actividad a la que se dedicaba María del Carmen.
Activistas nacionales y locales han señalado que Colima es un estado donde asesinar a una mujer es parte de la cotidianidad de la violencia en general.
Tan sólo este domingo, un hombre preso en el Cereso aprovechó el espacio de visita familiar para asesinar a su esposa al interior del reclusorio, después él se quitó la vida.
El 26 de septiembre de 2018, dos mujeres de aproximadamente 25 y 35 años de edad, fueron asesinadas a golpes, y sus cuerpos abandonados cerca de la Unidad Sur en Tecomán, el municipio más violento del país, de acuerdo al Índice de Violencia Municipal 2017 realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
El asesinato de las dos mujeres, tampoco ocasionó ningún mensaje condenatorio por parte de la autoridad o del gobernador Ignacio Peralta Sánchez pese a que en Colima, la Secretaría de Gobernación decretó la Alerta por Violencia de Género para cinco municipios de la entidad.
En el marco de la violencia contra las mujeres que afecta a Colima, la directora del Instituto Colimense de la Mujer (ICM) Mariana Martínez declaró que se trabajará con más ahínco para evitar que las mujeres se vinculen con la delincuencia organizada, y evitar con ello los homicidios dolosos contra este sector de la población. Sin embargo la funcionaria estatal no expuso en qué consistirán los programas que impulsará, cómo se medirán los resultados, cuándo se implementarán y mucho menos realizó una condena ante la impunidad que rodea al sistema de justicia colimense, máxime cuando la víctima es una mujer.
COLIMA EL SEGUNDO ESTADO CON MAYOR DISCRIMINACIÓN
Además, de la violencia y la desaparición de mujeres, Colima es el segundo estado con mayor discriminación en el país a mujeres, discapacitados y otros grupos vulnerables, entre ellos la población indígena.
La entidad aparece con una prevalencia del 25.6 por ciento, únicamente superado por Puebla, quien obtuvo una prevalencia de 28 por ciento. La información anterior se desprende de la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS) cuyos resultados fueron dados a conocer este lunes y en los cuales se evidencia que en Colima se discrimina por la condición social, de género, color de piel, orientación sexual, forma de vestir, y las creencias religiosas.
Los datos refieren que en Colima 3 de cada 10 personas fueron víctimas de un acto discriminatorio, independientemente del grupo social al que pertenecen. En el mapeo, Colima aparece con una prevalencia del 25.6 por ciento, mientras que estados como Zacatecas o Nayarit reportaron el 13 por ciento.
Los motivos más frecuentes de discriminación son la apariencia, las creencias religiosas y el género para las mujeres; en tanto que para los hombres son la apariencia, la manera de hablar y la edad. Además, la ENADIS expone que el 23.3% de la población de 18 años y más señaló que en los últimos cinco años, se le negó injustificadamente alguno de los derechos como atención médica o acceso a medicamentos, posibilidad de recibir apoyos o programas sociales, atención o los servicios de alguna oficina de gobierno.
En cuanto a la apertura a la diversidad, La sociedad mexicana muestra mayor rechazo a convivir en el ámbito privado con personas extranjeras, jóvenes, o que viven con SIDA o VIH.
Otro dato expone que el 57 por ciento de los hombres encuestados no estaría de acuerdo en que uno de sus hijos o hija se casara con una persona con VIH/SIDA, mientras que en las mujeres es el 56 por ciento. En tanto, el 46 por ciento de los hombres no estarían de acuerdo en que sus hijos se casaran con una persona del mismo sexo, y el 12 por ciento consideró que se opondría en caso de que el futuro conyugue fuera de otra religión.
En las mujeres, el 40 por ciento no aceptaría el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el 14 por ciento rechazaría en caso de que la unión fuera con alguien que profesara otra religión.