“En breve no habrá para pagar jubilaciones”, advierte sindicato

Colima, México, Avanzada (12/10/2026).— El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, advirtió que el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol) podría enfrentar dificultades para continuar pagando las jubilaciones, debido a los adeudos que mantiene el Gobierno del Estado con el organismo.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes, el dirigente sindical alertó que la falta de aportaciones compromete la estabilidad financiera del sistema de pensiones y pone en riesgo las jubilaciones presentes y futuras de aproximadamente 15 mil servidores públicos en activo.

“En breve no habrá para pagar jubilaciones a los que ya están en la nómina del Ipecol”, advirtió Flores Castañeda, al referirse a las consecuencias que podría tener la falta de recursos para cubrir las obligaciones del instituto.

El dirigente informó que, de acuerdo con las cifras presentadas al Consejo Directivo del Ipecol durante su sesión del pasado 25 de septiembre, la deuda acumulada correspondiente al Gobierno del Estado y al Poder Judicial, incluidos los compromisos históricos, asciende a 2 mil 32 millones 948 mil 632 pesos.

Explicó que, de ese monto, 743 millones 172 mil 206 pesos corresponden a aportaciones pendientes de la administración encabezada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, generadas durante los ejercicios 2022, 2023 y 2026.

Otros 520 millones de pesos, según el desglose presentado, corresponden a obligaciones de la administración del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, mientras que aproximadamente 101 millones de pesos se atribuyen al Poder Judicial.

A estas cantidades se suma una deuda histórica cercana a los 669 millones de pesos, cuyo pago se encuentra sujeto a un fideicomiso mediante el cual se realizan abonos periódicos.

Flores Castañeda reconoció que el Gobierno del Estado ha cumplido con los pagos establecidos para reducir ese adeudo histórico. Sin embargo, cuestionó que las aportaciones ordinarias pendientes continúen incrementándose.

Señaló que la administración estatal cubrió las obligaciones correspondientes a 2024 y 2025, pero durante 2026 volvió a acumular retrasos. Según explicó, permanecen pendientes las aportaciones de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

El dirigente recordó que en noviembre de 2023 se suscribieron acuerdos con la gobernadora para atender las obligaciones financieras del Gobierno del Estado con el instituto.

No obstante, sostuvo que los compromisos relacionados con las aportaciones ordinarias siguen sin cumplirse, a pesar de que la mandataria ha manifestado públicamente su intención de concluir su administración sin adeudos pendientes de su gestión con el Ipecol.

Flores Castañeda también cuestionó las declaraciones oficiales sobre la existencia de finanzas sanas y ahorros presupuestales, al considerar que esos argumentos contrastan con las obligaciones que permanecen sin cubrir.

Ante esta situación, anunció que el sindicato reactivará un plan de lucha para exigir el cumplimiento de los pagos, mediante acciones que incluyen reuniones con las autoridades estatales, gestiones ante el Congreso local y solicitudes de intervención del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig).

Asimismo, exigirán al director del Ipecol, Hugo Alejandro Vázquez Montes, que ejerza las facultades legales del instituto para cobrar los adeudos.

El dirigente adelantó que también buscarán la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante una próxima visita a Colima, con el propósito de solicitar apoyo para atender los compromisos financieros.

Como parte de las primeras exigencias, el sindicato plantea que el Gobierno del Estado cubra al menos cinco mensualidades de las aportaciones pendientes de este año, cuyo monto, de acuerdo con Flores Castañeda, supera los 100 millones de pesos.

Advirtió que, si antes de noviembre no se realiza un abono sustancial, los trabajadores podrían manifestarse durante el quinto informe de gobierno de Indira Vizcaíno Silva para exigir el cumplimiento de los compromisos.

Aunque no descartó medidas de mayor presión, precisó que un paro de labores sería el último recurso, debido a que el sindicato busca evitar afectaciones a la población.

Finalmente, convocó a trabajadores sindicalizados, personal de confianza, integrantes del magisterio estatal y servidores públicos de otras dependencias y ayuntamientos a sumarse a las acciones para exigir el pago de las obligaciones pensionarias.

“El futuro de todas sus jubilaciones y pensiones está en riesgo. No lo vayan después a lamentar. Estamos a tiempo”, concluyó.