Carlos Peña Ortiz aseguró que personas denunciadas por homicidio, secuestro y extorsión participaron como proveedores de seguridad del Poder Legislativo. Afirmó que varios diputados conocían los señalamientos. El presidente del Congreso rechazó las acusaciones y exigió pruebas.
México, Avanzada (10/10/2026).— El alcalde de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz, acusó al Congreso de ese estado de haber contratado como proveedores de servicios a personas que, según sus declaraciones, fueron identificadas posteriormente como líderes de la delincuencia organizada y señaladas por su presunta participación en delitos de homicidio, secuestro y extorsión.
Durante una entrevista, el presidente municipal sostuvo que los señalamientos eran conocidos desde tiempo atrás por varios integrantes del Poder Legislativo, a quienes aseguró haber informado reiteradamente sobre la situación. Afirmó que entre seis y ocho diputados tenían conocimiento de los presuntos vínculos delictivos de quienes prestaban servicios al Congreso.
Peña Ortiz relató que durante un evento celebrado en el recinto legislativo, al que asistieron gobernadores de distintas entidades, dirigentes partidistas, alcaldes y diputados federales, una empresa de seguridad privada se encargó de recibir a los invitados y acompañarlos hasta sus lugares.
Explicó que los trabajadores solicitaban el nombre, apellido y cargo de cada asistente para identificar los asientos asignados. Incluso, recordó que algunos integrantes de la compañía pedían fotografías a los funcionarios que acudieron al encuentro.
Sin embargo, aseguró que aproximadamente dos años y medio después descubrieron que algunas de las personas encargadas de aquellas actividades eran presuntos líderes de organizaciones criminales y que continuaban prestando servicios al Congreso.
El alcalde sostuvo que esta información fue comunicada a distintos diputados y cuestionó que personas denunciadas por delitos graves en Reynosa pudieran mantener contratos con instituciones públicas y recibir pagos periódicos por sus servicios.
También manifestó que esperaba que las autoridades legislativas hubieran cambiado de proveedores después de recibir las advertencias sobre los presuntos antecedentes delictivos de las personas señaladas.
Las acusaciones provocaron una respuesta del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, quien rechazó los señalamientos y exigió al alcalde presentar pruebas. El legislador incluso ofreció acompañarlo ante las autoridades correspondientes para formalizar una denuncia.
De acuerdo con información publicada por medios de Tamaulipas, Prieto Herrera también negó que durante los dos años de su administración legislativa se hubieran otorgado contratos a proveedores relacionados con la delincuencia organizada.
Hasta ahora, la información consultada no permite acreditar que las personas señaladas por Peña Ortiz pertenezcan a organizaciones criminales, ni establecer qué empresas habrían recibido los contratos cuestionados. Las declaraciones del alcalde constituyen acusaciones públicas cuya veracidad deberá determinarse mediante la revisión de los contratos y las investigaciones correspondientes.
*En la fotografía: el alcalde de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz.