Crimen organizado requeriría 26 mil nuevos reclutas al año

La periodista Marcela Turati advirtió que el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales está relacionado con las desapariciones en México. Señaló que, pese a la gravedad del fenómeno, persisten vacíos legales y dificultades para investigar la captación mediante redes sociales.

Colima, México, Avanzada (08/10/2026).— Las organizaciones criminales en México necesitarían reclutar alrededor de 26 mil personas al año para mantener sus operaciones, lo que equivale a 500 nuevos integrantes cada semana, de acuerdo con una estimación académica citada por la periodista de investigación Marcela Turati durante una entrevista con Carmen Aristegui. La cifra revela la magnitud de la demanda de personas por parte de los grupos delictivos, en un contexto marcado por la desaparición de adolescentes y jóvenes que son atraídos mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales.

Durante la entrevista, transmitida el miércoles 7 de octubre, Turati explicó que la estimación corresponde a la investigadora Elena Azaola, quien ha estudiado durante años las experiencias de adolescentes y jóvenes vinculados con organizaciones criminales. Según detalló, el cálculo se elaboró matemáticamente a partir de otros estudios y plantea que, durante el próximo año, los cárteles necesitarían incorporar aproximadamente 500 personas cada semana. La proyección no representa una cifra de reclutamientos comprobados, sino una estimación de las necesidades de personal de estas organizaciones.

La periodista señaló que, de acuerdo con Azaola, existe una relación importante entre el reclutamiento forzado y las desapariciones que se registran en el país. La investigadora considera que una parte de los jóvenes cuyo paradero se desconoce podría haber sido captada por organizaciones criminales, aunque no se dispone de una cifra que permita establecer cuántas desapariciones están directamente relacionadas con esta práctica.

Las declaraciones de Turati se produjeron con motivo de la publicación del reportaje Redes sociales, telaraña perfecta para enganchar a jóvenes con falsas promesas de empleo, elaborado para Quinto Elemento Lab como parte de la investigación internacional El algoritmo reclutador, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). El trabajo documenta los mecanismos utilizados por organizaciones criminales para contactar a adolescentes y jóvenes mediante TikTok, Instagram, Facebook y otras plataformas digitales.

Uno de los principales hallazgos corresponde a San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde las autoridades municipales reportaron haber localizado o auxiliado a 94 personas durante un periodo de año y medio, cuando se encontraban en circunstancias relacionadas con posibles intentos de reclutamiento. Entre ellas había adolescentes, jóvenes procedentes de otras entidades y personas que contaban con reportes de desaparición o alertas de búsqueda.

Turati explicó que muchos de estos jóvenes llegan a las terminales de autobuses después de recibir ofertas laborales que prometen salarios superiores a los que podrían obtener en sus lugares de origen. Los supuestos empleadores les proporcionan instrucciones para viajar, les prometen boletos de autobús y, en ocasiones, solicitan vehículos mediante aplicaciones digitales para trasladarlos desde sus domicilios hasta las centrales camioneras.

Los policías encargados de vigilar la terminal de Tlaquepaque relataron a la periodista que identifican a posibles víctimas cuando observan a adolescentes desorientados, nerviosos o que permanecen durante horas esperando a personas que nunca llegan. Al acercarse para preguntarles qué sucede, algunos reconocen que viajaron después de recibir una propuesta de trabajo por internet. Turati aclaró que no todos estos casos pueden considerarse rescates en sentido estricto, aunque las autoridades municipales utilizan ese término para referirse a sus intervenciones.

Entre las historias documentadas se encuentra la de una adolescente de 15 años que viajaba en un vehículo de la plataforma DiDi rumbo a una terminal de autobuses. Durante el trayecto, comentó al conductor que le habían ofrecido un empleo con una remuneración elevada. El hombre sospechó de la situación, se detuvo en una gasolinera y avisó a la policía. Los agentes acudieron a la terminal e impidieron que la menor abordara el autobús que la trasladaría a otro destino.

La investigación también describe cómo las organizaciones criminales han modificado sus métodos de captación. Anteriormente, explicó Turati, podían utilizar anuncios impresos o números telefónicos colocados en espacios públicos. Ahora, basta con que una persona siga determinados perfiles en redes sociales para recibir mensajes privados con ofertas laborales. En algunos casos, las cuentas utilizan símbolos, canciones y referencias asociadas con organizaciones delictivas, mientras que en otros presentan propuestas de empleo aparentemente convencionales.

Una vez establecido el primer contacto, los reclutadores trasladan las conversaciones a WhatsApp o Telegram, donde proporcionan instrucciones y organizan los desplazamientos. La periodista advirtió que este procedimiento dificulta la intervención de las autoridades porque gran parte de la comunicación ocurre de manera privada y los responsables pueden cambiar rápidamente de cuentas, teléfonos o lugares de encuentro.

Turati también recordó el caso de Merari, una joven que desapareció después de aceptar una oferta para trabajar como guardia de seguridad. Según relató, recibía un salario de tres mil pesos y le ofrecieron seis mil. Antes de viajar, avisó a su familia y publicó una fotografía relacionada con su nuevo empleo. Posteriormente, sus pertenencias fueron encontradas en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, y, de acuerdo con el testimonio referido por la periodista, a su madre le informaron que había sido asesinada en ese lugar.

El caso del rancho Izaguirre permitió visibilizar el problema del reclutamiento forzado, pero también puso de manifiesto las dificultades legales para sancionar específicamente esta conducta. Turati señaló que México continúa sin contar con un delito federal específico de reclutamiento forzado, pese a que organizaciones defensoras de los derechos de la infancia llevan años solicitando su tipificación.

Durante la entrevista, la periodista mencionó que, de acuerdo con especialistas consultados, se han presentado al menos 50 iniciativas legislativas relacionadas con el tema, sin que se haya conseguido establecer una figura penal federal específica. Indicó que Jalisco aprobó recientemente disposiciones para sancionar el reclutamiento forzado, aunque las autoridades estatales carecen de facultades para regular directamente las plataformas digitales.

La ausencia de esa tipificación específica, explicó, obliga a las autoridades a recurrir a otras figuras penales para investigar y perseguir conductas relacionadas con el reclutamiento. Turati cuestionó que, incluso ante casos como el del rancho Izaguirre, no exista una legislación federal que permita sancionar directamente esta práctica como un delito autónomo.

Otro de los problemas documentados es la falta de respuesta de las empresas tecnológicas frente a las denuncias de familiares de personas desaparecidas. La periodista entrevistó a Indira Navarro, integrante del colectivo Guerreros Buscadores, quien aseguró que desde el año pasado solicitaron a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, y a TikTok establecer mecanismos para frenar la captación de jóvenes mediante sus plataformas. Según su testimonio, las empresas no respondieron a la petición de reunirse para abordar el problema.

Turati señaló que también buscó una entrevista con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para conocer los resultados de las acciones de vigilancia digital anunciadas por las autoridades, pero no obtuvo respuesta. Advirtió que no existe información suficiente para evaluar la efectividad de las medidas destinadas a retirar publicaciones relacionadas con el reclutamiento criminal y que las fiscalías enfrentan dificultades para solicitar la conservación de pruebas digitales y conseguir la colaboración de las plataformas.

La investigación internacional también identificó patrones semejantes en Colombia y Ecuador, donde especialistas han observado mecanismos de captación similares a los utilizados por organizaciones criminales mexicanas. Turati destacó que Ecuador aprobó recientemente una legislación contra el reclutamiento forzado de menores que contempla medidas relacionadas con los contenidos difundidos mediante plataformas digitales.

En México, mientras tanto, los grupos criminales continúan modificando sus estrategias. Según los testimonios recabados, después de que las autoridades reforzaron la vigilancia en la terminal de Tlaquepaque, comenzaron a detectarse posibles puntos de encuentro en otras centrales de autobuses, incluida la de Zapopan.

La periodista advirtió que las 94 personas localizadas en Tlaquepaque representan únicamente los casos que pudieron identificar las autoridades durante el periodo documentado. No existe información que permita establecer cuántos adolescentes y jóvenes han sido reclutados mediante procedimientos semejantes en otras terminales del país, ni cuántos permanecen desaparecidos después de aceptar las ofertas laborales.

La estimación de 26 mil nuevos reclutas anuales, citada por Turati, plantea así una dimensión adicional del problema: la necesidad constante de incorporar personas a las organizaciones criminales. La periodista insistió en que, mientras no existan mecanismos legales, tecnológicos y de investigación suficientes para prevenir y perseguir esta práctica, los adolescentes y jóvenes continuarán expuestos a los mecanismos de captación utilizados por los grupos delictivos.

*Imagen ilustrativa.