Documentan 1,079 feminicidios en Morelos durante 11 años de Alerta de Violencia de Género

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos denunció que, pese a la declaratoria vigente desde agosto de 2015, la violencia feminicida continúa. La organización contabilizó 73 casos entre enero y julio de 2026 y cuestionó la falta de coordinación institucional para enfrentar el problema.

México, Avanzada (08/10/2026).— A más de 11 años de que se decretó la Alerta de Violencia de Género en Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de esa entidad documentó 1,079 feminicidios desde agosto de 2015 hasta julio de 2026, una cifra que, de acuerdo con la organización, evidencia la persistencia de la violencia contra las mujeres y la necesidad de revisar la eficacia de las medidas gubernamentales para prevenirla.

En un pronunciamiento difundido el 6 de octubre, la organización civil, que promovió la declaratoria de alerta en Morelos, señaló que durante los primeros siete meses de 2026 documentó 73 feminicidios, de los cuales 18 ocurrieron en julio, que se convirtió en el mes con mayor número de casos en lo que va del año.

La Alerta de Violencia de Género fue decretada el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios de Morelos, cobertura que actualmente comprende nueve demarcaciones tras la creación del municipio de Xoxocotla, anteriormente perteneciente a Puente de Ixtla. Sin embargo, la organización advirtió que los asesinatos de mujeres se han extendido prácticamente a todo el territorio estatal.

Según el seguimiento de prensa realizado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, entre el año 2000 y julio de 2026 se documentaron 1,728 feminicidios en la entidad, distribuidos en 35 de sus 36 municipios. Cuernavaca concentra el mayor número, con 317 casos, seguida de Jiutepec, con 158; Cuautla, con 152; Temixco, con 124, y Yautepec, con 99.

Otros municipios con cifras elevadas son Emiliano Zapata, con 85 feminicidios; Xochitepec, con 72; Puente de Ixtla, con 59; Tlaltizapán, con 54, y Huitzilac, con 53.

La organización identificó a 2023 como el año con mayor número de feminicidios desde que comenzó su registro, con 125 casos, mientras que 2025 ocupó el segundo lugar, con 121. Durante 2024 documentó 106 asesinatos de mujeres por razones de género, lo que refleja que las cifras se han mantenido elevadas pese a la existencia de la alerta.

El análisis también permitió identificar que las mujeres de entre 21 y 30 años constituyen el grupo de edad con mayor número de víctimas entre aquellas cuya edad pudo establecerse, con 312 casos. Le siguen las mujeres de 31 a 40 años, con 207, y las adolescentes y jóvenes de entre 11 y 20 años, con 147 registros. La organización precisó que existe un número importante de víctimas cuya edad no pudo determinarse.

Además de presentar las cifras, la Comisión Independiente cuestionó los cambios institucionales realizados por el Gobierno federal para atender la violencia contra las mujeres, particularmente después de la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), cuyas funciones fueron transferidas a la Secretaría de las Mujeres.

La organización sostuvo que no existe suficiente claridad operativa y jurídica sobre la manera en que la nueva dependencia debe coordinar y evaluar las medidas establecidas en las declaratorias de Alerta de Violencia de Género. También denunció la falta de coordinación para garantizar la continuidad de los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios encargados de dar seguimiento a las acciones de prevención y justicia.

A juicio de la Comisión, esta situación ha provocado un debilitamiento de los mecanismos institucionales para enfrentar la violencia feminicida, por lo que consideró indispensable restablecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y garantizar recursos presupuestales suficientes.

La organización recordó que las alertas tienen como propósito garantizar la seguridad de las mujeres, detener la violencia en su contra y corregir las condiciones de desigualdad que vulneran sus derechos humanos. Para ello, las autoridades deben implementar acciones preventivas, de seguridad y justicia, además de investigar los delitos, sancionar a los responsables y garantizar la reparación del daño a las víctimas y sus familias.

En su pronunciamiento, la Comisión exigió transparencia sobre la nueva estructura responsable de las alertas, una política nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la reactivación de los trabajos de los grupos interinstitucionales y una evaluación pública del funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres.

También solicitó un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y las autoridades de la Secretaría de las Mujeres para abordar las deficiencias que, a su juicio, persisten en la atención de la violencia feminicida.

La organización concluyó con un llamado a las autoridades para garantizar el acceso a la justicia y evitar que la violencia contra las mujeres continúe reproduciéndose en un contexto de impunidad.