El juzgador Sergio Sigales relacionó su suspensión con sus criterios judiciales y con la política de seguridad de Colima; EL PAÍS documentó que fue el primer juez apartado por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Colima, México, Avanzada (29/09/2026).— El juez federal Sergio Sigales Obrador Garrido, suspendido de sus funciones en Colima desde octubre de 2025, afirmó que su caso tiene motivaciones políticas y lo relacionó directamente con sus criterios judiciales y con la política de seguridad aplicada en el estado.
“Mi caso es político. Es una cuestión que está vinculada con mis criterios judiciales y particularmente con la política de seguridad de Colima”, declaró Sigales en una entrevista con Beatriz Guillén, reportera de EL PAÍS en México, publicada este 29 de septiembre.
De acuerdo con la investigación de EL PAÍS, Sigales, de 58 años y con 25 años de carrera judicial, llevaba cinco años como juez federal en Colima cuando el 31 de octubre de 2025 se convirtió en el primer juzgador suspendido por el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.
Uno de los episodios que antecedieron a su suspensión ocurrió el 19 de octubre de 2025, cuando Sigales vinculó a proceso a José Alfredo “N”, detenido por posesión de drogas y de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, pero decidió no imponerle prisión preventiva oficiosa. En su lugar ordenó que acudiera a firmar al juzgado cada 15 días y le prohibió salir de Colima. Según el juez, el imputado tenía arraigo en Cuauhtémoc y cumplió con ambas medidas.
Sigales llevaba aproximadamente cinco años sin aplicar la prisión preventiva oficiosa. El juzgador explicó que su criterio atendía las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de esa medida cautelar. El caso adquirió una dimensión política semanas después, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió públicamente al juez durante una conferencia de prensa.
El 3 de noviembre de 2025, Sheinbaum relató que, ante un incremento de homicidios en Colima, preguntó en el Gabinete de Seguridad cuál era la causa y recibió como respuesta que un juez había dejado en libertad a un presunto delincuente. La mandataria informó entonces que se había enviado un escrito al Tribunal de Disciplina Judicial para comunicar lo ocurrido.
Sin embargo, la causa formal de la suspensión de Sigales fue distinta. Cuando fue separado temporalmente del cargo el 31 de octubre, se le informó que la medida derivaba de un expediente integrado por quejas presentadas desde 2022 por la Fiscalía de Colima, relacionadas con la reducción de penas que había determinado para seis personas sometidas a procedimientos abreviados.
El Tribunal de Disciplina informó posteriormente que el juzgador habría incurrido en “faltas graves” y señaló una conducta “reiterada y sistemática” relacionada con la reducción de penas acordadas y la concesión de beneficios de libertad condicional. La suspensión provisional fue justificada, además, como una medida para evitar una posible destrucción de pruebas.
La defensa del juez cuestiona tanto el procedimiento seguido para suspenderlo como la intervención presidencial. Su abogado, Arturo Guerrero, sostiene que la Comisión de Investigación que ordenó la suspensión no tenía facultades para sancionarlo directamente y ha señalado retrasos e irregularidades durante la tramitación del expediente. Según EL PAÍS, el procedimiento incluso superó el plazo máximo de seis meses de suspensión sin que se hubiera aprobado una prórroga.
Sigales sostiene que actuó conforme a la legalidad y la jurisprudencia y espera que la suspensión sea levantada.