La restricción migratoria también alcanza, en términos generales, a los familiares directos de las personas señaladas.
Washington, Estados Unidos, Avanzada (13/09/2026).— El Gobierno de Estados Unidos prohibió el ingreso a su territorio a siete exfuncionarios ecuatorianos, a quienes señala por presuntamente participar en actos de corrupción que favorecieron a organizaciones criminales vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, Los Choneros y Los Lobos.
El Departamento de Estado informó que las designaciones alcanzan a antiguos funcionarios de los sistemas judicial y penitenciario de Ecuador, así como a un exintegrante de la Asamblea Nacional. La medida también vuelve, en términos generales, inelegibles para ingresar a Estados Unidos a sus familiares directos.
Entre los señalados se encuentran Pablo Ramírez Erazo, exdirector de la autoridad penitenciaria de Ecuador; Wilman Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia; y Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal del Consejo de la Judicatura.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los tres habrían abusado de sus cargos públicos al aceptar sobornos de grupos delictivos para intervenir en procesos judiciales, electorales o administrativos en beneficio de pandillas relacionadas con el CJNG, Los Choneros y Los Lobos.
La medida incluye además al exasambleísta Pablo Bolívar Muentes Alarcón; a María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; al exjuez Johann Marfetán Medina y a Mayra Carolina Salazar Merchán, exresponsable de relaciones públicas de esa institución judicial.
El Departamento de Estado sostuvo que estos cuatro exfuncionarios aceptaron sobornos a cambio de interferir en procedimientos judiciales para favorecer a organizaciones criminales como Los Choneros y el Cártel de Sinaloa, además de personas que facilitaban sus actividades.
La dependencia estadounidense afirmó que las acciones atribuidas a los siete exfuncionarios constituyen actos de corrupción significativa y tuvieron efectos adversos para la seguridad de Estados Unidos al favorecer el tráfico de drogas.
La medida anunciada es de carácter administrativo y migratorio: impide el ingreso de las personas designadas y de sus familiares inmediatos, pero no significa que Estados Unidos las haya declarado individualmente integrantes de organizaciones terroristas.
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