Buscadoras de Colima denuncian trabas, intimidación y falta de resultados en la FGR

Colima, México, Avanzada (11/09/2026).- Familiares de personas desaparecidas de Colima se sumaron al plantón que colectivos de búsqueda de Michoacán y Veracruz mantienen desde este jueves en los accesos de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, para denunciar obstáculos burocráticos, falta de recursos y ausencia de resultados en las investigaciones.

Las manifestantes bloquearon los accesos al inmueble de la FGR ubicado en la calle Río Pánuco, en la colonia Cuauhtémoc, donde instalaron casas de campaña y advirtieron que permanecerán por tiempo indefinido hasta ser atendidas por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, o por funcionarios con capacidad para responder a sus demandas.

Las familias reclaman que, mientras aumenta el número de personas desaparecidas en el país, las instituciones encargadas de investigar continúan imponiéndoles trámites, retrasos y negativas para recibir denuncias relacionadas con delitos del fuero federal. También denunciaron actos de intimidación, malos tratos y revictimización cuando acuden a exigir información sobre sus casos.

El plantón comenzó después de que un grupo de madres buscadoras acudió a la sede federal para presentar denuncias, pero, según su testimonio, el personal se negó a recibirlas e intentó impedir que documentaran con sus teléfonos las dificultades enfrentadas. Algunas de las mujeres aseguraron contar con grabaciones de presuntas amenazas y actos de hostigamiento.

En este sentido, Margarita López, fundadora del colectivo Buscando Cuerpos de Michoacán, exigió la instalación de una mesa de diálogo con Ernestina Godoy y cuestionó que la institución enviara personal de atención psicológica en lugar de servidores públicos facultados para tomar decisiones y destrabar las investigaciones.

Otro de los reclamos centrales es que la FGR reciba las denuncias vinculadas con delitos federales, sin importar la entidad de procedencia de las víctimas, pues las familias sostienen que existe un oficio de la Visitaduría General de la República que establece esa obligación, pese a lo cual han encontrado resistencia para formalizar los casos.

Además, refirieron que, aunque la búsqueda y recuperación de restos humanos corresponden a las autoridades, frecuentemente son las propias familias quienes deben comprar bolsas para cadáveres, picos, palas, varillas, carpas y otros materiales, además de ingresar por su cuenta a terrenos de difícil acceso y zonas con presencia delictiva.

En Colima existen más de mil 400 personas desaparecidas y no localizadas. Sus familiares han denunciado reiteradamente la insuficiencia de recursos, personal y equipo, así como las dificultades para acceder a la información necesaria para realizar búsquedas y conocer los avances de las investigaciones.