FGR ubica red de “huachicol fiscal” en Colima; investiga complicidades en aduanas

Ciudad de México, México, Avanzada (07/09/2026).- La Fiscalía General de la República (FGR) identificó operaciones de una presunta red criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos —conocido como “huachicol fiscal”— en Colima, Tamaulipas, Baja California, Sonora y Ciudad de México, informó la fiscal general Ernestina Godoy.

Al presentar avances de la investigación, Godoy señaló que la estructura criminal habría contado con capacidades para importar, trasladar, almacenar y distribuir combustible ingresado ilegalmente al país, además de presuntas complicidades dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.

La investigación tiene como uno de sus principales antecedentes el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel contenidos en un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas.

De acuerdo con la fiscal, detrás de esa operación no existía un contrabandista aislado, sino una organización en la que destacaban Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, identificados como “los primos”, quienes presuntamente coordinaban distintas partes de la cadena ilegal.

Godoy explicó que existen datos de prueba que están siendo valorados por el Poder Judicial y que apuntan a que los involucrados y sus cómplices habrían intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina.

En particular, señaló que Roberto “N” habría gestionado directamente algunos de esos nombramientos y promociones.

Como parte de las indagatorias, la FGR cateó una bodega que presuntamente arrendaba Roberto “N” en la Ciudad de México, donde fueron localizados objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, documentación clasificada como reservada y confidencial, así como armas que no contaban con el registro correspondiente.

Buques desde Texas y revisiones simuladas

Según la investigación expuesta por la fiscal, los buques utilizados por la red zarpaban principalmente de Texas, Estados Unidos, cargados con hidrocarburos que eran declarados como aceite o aditivo, con el propósito de modificar su tratamiento fiscal.

Servidores públicos y agentes aduanales presuntamente coludidos habrían recibido pagos por cada embarque que permitían ingresar.

Las inspecciones, cuando se realizaban, habrían sido simuladas mediante muestreos superficiales, aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para liberar el hidrocarburo sin una revisión adecuada.

La red también habría establecido calendarios de arribo y mecanismos para desactivar cámaras de vigilancia durante las descargas, con el objetivo de impedir que quedara registro de las operaciones.

Una vez que el combustible llegaba a tierra, era distribuido mediante tres empresas constituidas legalmente, mientras que una red de compañías fachada y operaciones financieras habría servido para darle apariencia lícita a los recursos obtenidos por su comercialización.

Godoy resumió la operación como un ciclo que involucraba buques cargados de combustible, registros manipulados, personal aduanal presuntamente cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero.

La Fiscalía informó que, al seguir el rastro de accionistas, apoderados legales y personas vinculadas con las diferentes etapas de la cadena, identificó operaciones de esta misma estructura en Colima y otros cuatro estados.

La fiscal sostuvo que el contrabando de hidrocarburos no sólo constituye un delito, sino que también afecta a las empresas del Estado y desvía recursos públicos.

Finalmente, Godoy rechazó que las presuntas conductas de algunos integrantes impliquen una corrupción generalizada dentro de las instituciones.

“Una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes traicionan la responsabilidad y la confianza depositada en ellos”, afirmó.

Añadió que el actual secretario de Marina, el almirante Raimundo Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones y subrayó que la responsabilidad penal será individual.

“Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, tiene que responder ante la justicia”, advirtió.

La FGR aseguró que continuará con las investigaciones y que informará sobre los avances del caso.