Se denuncia, se exhibe y nada ocurre: la impunidad protege al poder en Colima

Colima, México, Avanzada (03/08/2026).- En Colima, una denuncia por corrupción puede tardar más que una administración completa en llegar ante un juez. Puede atravesar elecciones, cambios de partido, nombramientos y renuncias; puede perseguir a un funcionario mientras este obtiene otra candidatura o un nuevo cargo: lo que rara vez produce es una sentencia.

Desde que comenzó a operar en 2018, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha acumulado cerca de mil expedientes contra servidores públicos y las acusaciones abarcan dinero destinado a víctimas que no llegó a sus beneficiarios, cuotas retenidas a trabajadores, transferencias negadas a la Universidad de Colima, préstamos ilegales, tarjetas bancarias de uso personal pagadas por un ayuntamiento, plazas magisteriales presuntamente manipuladas y recursos públicos utilizados con fines políticos.

Los denunciantes han aportado auditorías, estados de cuenta, decretos, recibos de nómina, escrituras, expedientes laborales y resoluciones oficiales, pero, en la mayoría de los casos, los presuntos afectados, quienes esperan la aplicación de la justicia, se han topado con el silencio.

El 5 de septiembre de 2023, el entonces fiscal anticorrupción, Mario Ochoa García, reconoció que la institución conservaba 886 carpetas abiertas, acumuladas desde 2018. Dijo que ninguna había fenecido y que todas continuaban vigentes, pero, a tres años de esa declaración, no hay una actualización para saber cuántas carpetas siguen sin determinación ministerial conocida.

Uno de los casos más emblemáticos en la entonces recién estrenada Fiscalía Anticorrupción ocurrió en marzo de 2019, cuando el Ayuntamiento de Manzanillo, a través de su alcaldesa, Griselda Martínez, denunció cargos efectuados a una cuenta municipal mediante una tarjeta American Express presuntamente utilizada para consumos personales. Cinco años después, en febrero de 2024, la carpeta penal seguía sin una conclusión pública.

Otro hecho fue presentado por Apolonio Núñez, víctima reconocida judicialmente, quien en 2019 denunció al entonces gobernador Ignacio Peralta, al secretario de Finanzas, Carlos Noriega, y a integrantes del sistema estatal de atención a víctimas porque durante tres años no se depositaron recursos presupuestados para ayudar a quienes habían sufrido un delito. Tampoco hubo una resolución pública sobre el caso.

No fue lo único. En marzo de 2021, Héctor Arturo León Alam, dirigente de un sindicato del Ayuntamiento de Colima, denunció que la administración encabezada por Leoncio Morán Sánchez descontó cuotas a los trabajadores, pero no entregó alrededor de 51 millones de pesos al Instituto de Pensiones. La querella quedó registrada con el número 21/2021 y fue ratificada en octubre de ese año.

El expediente no impidió que Morán cambiara de partido, contendiera por cargos públicos, regresara a las boletas y ganara la elección como diputado federal por el distrito I, que actualmente ostenta bajo las siglas de Morena. Hasta el 30 de junio de 2026 no existía información pública sobre una acusación ante un juez o una sentencia.

También en 2021, la Universidad de Colima acudió a la Fiscalía para denunciar que el gobierno de Peralta dejó de transferirle aproximadamente 264 millones de pesos. La falta de recursos afectó a la institución, que atendía a alrededor de 29 mil estudiantes. La Universidad hizo pública la querella; la Fiscalía no ha hecho público su desenlace.

Además, el 26 de septiembre de 2023, diputados del PAN denunciaron a la gobernadora morenista Indira Vizcaíno y a funcionarios de su administración por el supuesto uso de recursos y personal público para promover a Claudia Sheinbaum en Jalisco.

También, el 5 de octubre de 2023, los diputados del PRI presentaron y ratificaron otra denuncia contra Vizcaíno, familiares y colaboradores por la adquisición de casas residenciales en el fraccionamiento Bosque Real, cuando apenas tenían ocho meses en el cargo.

En este último caso, los legisladores locales del PRI sostuvieron que el valor de los inmuebles debía compararse con los ingresos y declaraciones patrimoniales de las personas señaladas, ya que la mandataria colimense reportó una vivienda por 6 millones 653 mil pesos. Su hermano Arnoldo Vizcaíno, presidente honorífico del DIF estatal, también fue incluido en la querella, pero hasta el 30 de junio de 2026 no se había informado públicamente si la Fiscalía realizó peritajes contables, obtuvo información bancaria o determinó el ejercicio o no de la acción penal.

La opacidad impide conocer incluso cuántas acusaciones terminaron justificadamente archivadas, cuántas siguen en integración y cuántas se estancaron por omisiones ministeriales.

A la falta de información anterior se suma lo hecho por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), ya que entre las cuentas públicas de 2017 y 2022 presentó 96 denuncias penales por irregularidades que consideró graves. Solo por la cuenta de 2017 hubo querellas relacionadas con Pensiones, el Poder Ejecutivo y ocho ayuntamientos; por la cuenta de 2021 se presentaron otras 11, siete de ellas contra el Ejecutivo estatal.

Hasta la fecha no se conocen los nombres de todos los funcionarios, los montos observados ni la etapa procesal. De ese modo, la reserva creada para proteger la investigación y la presunción de inocencia terminó protegiendo también la inactividad institucional.

Al rezago y la opacidad se agregan las denuncias contra el exgobernador Ignacio Peralta y su secretario de Finanzas, Carlos Noriega. Las primeras se presentaron desde 2020, pero, a seis años, no había conclusiones legales. Durante 2021, 2022 y buena parte de 2023, dirigentes sindicales y diputados acusaron a la Fiscalía de mantenerlas congeladas. Peralta compareció en junio de 2025 y no fue sino hasta mayo de 2026 cuando un juez lo vinculó a proceso, junto con Noriega, por presunto peculado y uso ilícito de atribuciones.

Además, el monto delimitado en esa causa, alrededor de 3 millones de pesos, es apenas una fracción de los cientos de millones que sindicatos, auditorías y actores políticos atribuyeron a diversas irregularidades de la administración anterior.

La excepción confirma el tamaño del abandono: tuvieron que transcurrir aproximadamente seis años para que una parte de las acusaciones contra el exgobernador superara la puerta de la Fiscalía y llegara ante un juez.

En contraste, una investigación contra Indira Vizcaíno por la permuta de terrenos del llamado caso Altozano fue concluida en 2021 mediante el no ejercicio de la acción penal. En este caso, la Fiscalía consideró que no existía delito que perseguir, pero la determinación coincidió con el inicio de su gobierno y no fue acompañada públicamente por una exposición detallada de los peritajes o razonamientos que permitieran disipar las dudas acumuladas alrededor de la operación.

La impunidad también se construye mediante investigaciones interminables, archivos que nadie explica, plazos que no se cumplen y datos que se reservan, y permite que una acusación pierda actualidad, que el denunciante se desgaste y que el servidor público termine su cargo antes de que la autoridad decida siquiera si lo llevará ante un juez.

En Colima, los funcionarios pueden ser denunciados, exhibidos en auditorías y señalados públicamente; después continúan sus carreras, cambian de partido, compiten en elecciones o reciben nuevos nombramientos, mientras las denuncias permanecen atrás, apiladas en una Fiscalía que durante años explicó su rezago por falta de personal y presupuesto.

A ocho años de su creación, el problema de la Fiscalía compromete al Congreso, que aprueba sus recursos y recibe sus informes; a la Fiscalía General, de la cual depende administrativamente; al OSAFIG, cuyas auditorías pocas veces llegan a una consecuencia penal visible; y a los gobiernos que prometen castigar a sus antecesores, pero guardan silencio cuando las acusaciones alcanzan a sus propios integrantes.

La experiencia colimense muestra que denunciar no es lo mismo que obtener justicia: entre una cosa y otra existe un espacio institucional donde los expedientes envejecen, los montos se vuelven abstractos y los responsables políticos dejan el cargo. Es ahí, en la demora normalizada y en el silencio oficial, donde la impunidad deja de ser una anomalía y se convierte en el funcionamiento ordinario del poder.