Colima falla en la prevención de la violencia contra la mujer; sólo es reactiva 

Colima, México, Avanzada (27/07/2026).- En Colima, el Gobierno respalda instituciones, refugios y espacios de resguardo cuando la violencia ya alcanzó a las mujeres y sus familias. Lo que no ha logrado es impedir que las agresiones ocurran: entre enero de 2022 y mayo de 2026, la Fiscalía General del Estado abrió 18 mil 619 carpetas de investigación por violencia familiar, un promedio de más de 11 cada día.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una incidencia prácticamente estancada. En 2022 se iniciaron 4 mil 405 investigaciones; en 2023 fueron 4 mil 69; durante 2024 aumentaron a 4 mil 245 y, en 2025, llegaron a 4 mil 249.

La reducción entre 2022 y 2025 fue de apenas 156 carpetas, equivalente al 3.5 por ciento. Incluso, el último año completo concluyó con cuatro investigaciones más que 2024. No existe, por tanto, una disminución sostenida que permita acreditar la eficacia de las políticas estatales de prevención.

Durante los primeros cinco meses de 2026 se acumularon otras mil 651 carpetas, un promedio de 10.9 diarias. Si ese ritmo se mantuviera, el año concluiría con alrededor de 3 mil 962 investigaciones, nuevamente cerca del umbral de 4 mil casos anuales.

Las estadísticas miden las denuncias registradas por el Ministerio Público, no toda la violencia que ocurre dentro de los hogares. Tampoco identifican cuántas víctimas son mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores u hombres.

En 2025, Colima registró la tasa más alta del país: entre enero y octubre acumuló 3 mil 541 carpetas, equivalentes a 461.6 por cada 100 mil habitantes. La tasa nacional fue de 169.9; es decir, la incidencia en la entidad fue 2.7 veces superior al promedio nacional, de acuerdo con el comparativo del SESNSP.

Mientras eso sucede, el Presupuesto de Egresos de Colima asignó 5 millones 435 mil 868 pesos al programa de Prevención y Atención a la Violencia, operado por el CEPAVI. Con esos recursos, el organismo debe sostener personal, servicios psicológicos y jurídicos, grupos de atención, acciones administrativas y acompañamiento a personas receptoras y generadoras de violencia. El presupuesto mezcla prevención con respuesta institucional, lo que impide conocer cuánto se destina realmente a intervenir sobre las causas antes de que se presente una denuncia.

A esa cantidad se sumaron 7 millones 781 mil 959.86 pesos federales para el proyecto MUJERES/AVGM/COL/024/2025, vinculado con el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género. El convenio permite ejercer esos recursos en cuatro rubros: atención, prevención, seguridad y justicia.

El Gobierno estatal quedó obligado a entregar informes parciales, comprobar cada erogación, publicar indicadores mensuales de proceso, resultados e impacto, y presentar un acta de cierre. Los recursos no podían utilizarse para fines distintos a los autorizados. Además, fueron aprobados 4 millones 288 mil 511 pesos para refugios especializados.

Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado un informe público que permita conocer la relación directa entre cada peso ejercido, las acciones realizadas y la evolución de las denuncias.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Gobernación declaró el 20 de junio de 2017 la Alerta de Violencia de Género para los municipios de Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez. A Manzanillo le impuso medidas especiales debido a su contexto de violencia.

La declaratoria ordenó medidas extraordinarias de seguridad, prevención, justicia, reparación y visibilización para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de mujeres y niñas. Entre las obligaciones se encuentran recuperar espacios públicos; reforzar patrullajes; instalar y mejorar el alumbrado; colocar cámaras y postes de emergencia; fortalecer la seguridad en el transporte; crear módulos de atención inmediata y células de reacción; supervisar las órdenes de protección, y elaborar un diagnóstico estatal sobre las modalidades de violencia.

También debe mantenerse actualizado el Banco Colimense de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; capacitar y evaluar a servidores públicos; aplicar una estrategia educativa con perspectiva de género; atender a hombres generadores de violencia; impulsar el empoderamiento económico de las víctimas, y mejorar la investigación de feminicidios, homicidios de mujeres, desapariciones y violencia sexual.

El primer dictamen de seguimiento mostró un cumplimiento deficiente: de las medidas revisadas, 12 fueron calificadas como no cumplidas, cuatro como cumplidas y tres quedaron en proceso. El informe integral más reciente disponible en el portal estatal abarca únicamente del 1 de noviembre de 2021 al 30 de junio de 2023. Aunque posteriormente se publicaron documentos relacionados con diversos proyectos, no existe en ese mismo espacio un dictamen actualizado que indique, medida por medida, cuáles obligaciones han sido cumplidas, cuáles permanecen pendientes y qué impacto han tenido.

La falta de una evaluación actualizada impide a la ciudadanía saber si, nueve años después de emitida la alerta, existen suficientes módulos de atención, órdenes de protección supervisadas, policías especializados, espacios públicos recuperados, unidades de investigación y programas dirigidos a agresores, o si los municipios únicamente reportan actividades aisladas.

Pese a esos incumplimientos, en diciembre de 2025 el Gobierno encabezado por Indira Vizcaíno instaló el primer Punto Violeta en las oficinas del CEPAVI. Posteriormente abrió otro en el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en Villa de Álvarez.

Los Puntos Violeta son espacios identificados para que mujeres, adolescentes y niñas que enfrenten acoso, hostigamiento o violencia reciban resguardo temporal, orientación inicial y canalización a instituciones especializadas. Para julio de 2026 operaban seis: tres en Cuauhtémoc, dos en Colima y uno en Villa de Álvarez.

Vizcaíno anunció que la meta es llegar a 50 establecimientos, con la participación de la iniciativa privada. Según el Instituto Colimense de las Mujeres, estos espacios atienden casos de acoso, violencia comunitaria, agresiones de pareja y violencia familiar. Sin embargo, su función comienza cuando el riesgo ya existe: un lugar de resguardo puede evitar una agresión inminente, pero no sustituye las políticas educativas, económicas, comunitarias y de salud mental necesarias para impedir que el agresor ejerza violencia.

El Gobierno no ha informado, junto con el anuncio de los 50 puntos, el presupuesto total de la estrategia, los criterios técnicos para seleccionar cada ubicación, el número de personas capacitadas, los horarios de funcionamiento, los protocolos de intervención, el tiempo de respuesta policial ni los indicadores con los que evaluará sus resultados.

Tampoco se conoce públicamente cuántas mujeres han solicitado ayuda en los seis puntos existentes; cuántas fueron canalizadas; cuántas recibieron una orden de protección; cuántos agresores fueron detenidos, o cuántos casos tuvieron seguimiento hasta que desapareció el riesgo.

La prevención de la violencia debería reflejarse en una disminución sostenida de las carpetas de investigación, en menos llamadas de auxilio, menor reincidencia, órdenes de protección eficaces, agresores sometidos a intervención y comunidades con condiciones verificables de seguridad. No obstante, los datos muestran otra realidad: Colima se mantuvo con alrededor de 4 mil 200 investigaciones anuales entre 2022 y 2025 y llegó a ocupar el primer lugar nacional por tasa de violencia familiar. Después de nueve años de la Alerta de Violencia de Género, las mujeres continúan denunciando violencia familiar prácticamente al mismo ritmo, lo que evidencia que las políticas públicas han fortalecido la atención a las víctimas, pero no han logrado prevenir la violencia.