Ciudad de México, Avanzada (23/07/2026).- El suicidio de Alberto Israel Jasso Cruz, profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), abrió un amplio debate sobre la presunción de inocencia, los protocolos institucionales para atender denuncias por presuntos delitos sexuales y la necesidad de brindar acompañamiento psicológico tanto a las posibles víctimas como a las personas sujetas a investigación.
Horas antes de fallecer, el docente difundió un video y un documento en los que rechazó de manera categórica la denuncia presentada en su contra por una estudiante, quien lo señaló por un presunto abuso sexual ante la Dirección Jurídica del IEMS y el Ministerio Público. En ambos mensajes sostuvo que su decisión de quitarse la vida no debía interpretarse como una admisión de culpabilidad, sino como una protesta por lo que consideró deficiencias en el sistema de justicia.
Jasso Cruz afirmó haber laborado durante 25 años en el IEMS y cerca de una década en preparatorias del Estado de México. En su testimonio aseguró que nunca antes había enfrentado una acusación similar y sostuvo que el procedimiento tuvo un profundo impacto en su vida personal, profesional y jurídica.
De acuerdo con la versión expuesta por el profesor, los señalamientos surgieron tras un incidente ocurrido durante un curso intersemestral. No obstante, esa versión forma parte únicamente de su testimonio y no ha sido confirmada por alguna resolución oficial.
En el video, el docente manifestó que el proceso penal implica un desgaste emocional, económico y social para las personas investigadas, y expresó que la presunción de inocencia resulta insuficiente cuando existen consecuencias laborales y personales desde el momento de la denuncia, incluso antes de que se emita una sentencia.
También dirigió un mensaje a otros docentes, a quienes exhortó a mantener una relación estrictamente profesional con el alumnado, al considerar que una acusación puede tener consecuencias irreversibles para la vida de un profesor.
Tras confirmarse su fallecimiento, trabajadores e integrantes del plantel Azcapotzalco del IEMS difundieron un pronunciamiento en el que expresaron su consternación por lo ocurrido y solicitaron revisar los mecanismos institucionales de atención y acompañamiento. Señalaron que el profesor enfrentaba simultáneamente un procedimiento administrativo interno y una investigación ministerial.
La comunidad educativa pidió fortalecer tanto la protección de las posibles víctimas como las garantías del debido proceso, además de ampliar el acceso a servicios de salud mental para todas las personas involucradas en este tipo de procedimientos, con el propósito de prevenir nuevas situaciones de vulnerabilidad.
Hasta el momento, las autoridades no han informado una resolución definitiva sobre la denuncia presentada contra el docente ni sobre las investigaciones relacionadas con el caso. En consecuencia, no existe una determinación oficial sobre las responsabilidades derivadas de los hechos denunciados, mientras los procedimientos legales continúan en curso.
La difusión del video póstumo del profesor ha reavivado la discusión pública sobre el equilibrio entre la protección de las víctimas, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia durante las investigaciones por presuntos delitos sexuales.