Convierten las redes en escaparate político

Colima, México, Avanzada (27/07/2026).- En las redes sociales, políticos y funcionarios públicos de Colima buscan adeptos. En lugar de privilegiar la rendición de cuentas y la transparencia, utilizan Facebook, Instagram y TikTok para promover su imagen, sus opiniones y proyectos, e incluso para recomendar negocios o exhibir problemas en calles y colonias, en medio de la disputa anticipada por los cargos que estarán en juego en 2027.

La secretaria de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, Viridiana Valencia Vargas; la presidenta municipal de Manzanillo con licencia, Rosa María Bayardo Cabrera; el secretario de Desarrollo Económico, Francisco Javier Rodríguez García, y el diputado federal morenista Leoncio Morán Sánchez son usuarios asiduos de esas plataformas.

En sus publicaciones se presentan más como influencers o creadores de contenido que como servidores públicos obligados a informar sobre el ejercicio de sus atribuciones, el uso del presupuesto, el cumplimiento de metas y los resultados de las dependencias o instituciones que representan.

Los videos muestran recorridos, ejercicios, comidas, viajes, convivencias familiares y escenas cotidianas. Sin embargo, no aclaran si las grabaciones se realizan durante jornadas laborales, quién opera las cámaras, quién edita y administra las cuentas, ni si el personal, los vehículos y los equipos utilizados son pagados con recursos propios o con dinero público.

La falta de información impide conocer dónde termina la actividad personal y dónde comienza la comunicación gubernamental, legislativa, partidista o electoral. También dificulta establecer si la exposición constante de los funcionarios representa un gasto para el erario.

Valencia Vargas, designada secretaria de Bienestar el 2 de julio de 2024, combina en una misma cuenta actividades oficiales, escenas familiares, opiniones personales y recomendaciones comerciales. Su perfil la identifica simultáneamente como integrante del Gobierno estatal, abogada y madre de tres hijos.

En sus publicaciones promociona tiendas de ropa, calzado y artículos deportivos; consume alimentos y recorre establecimientos. También promueve comercios bajo el título de “Impulsando lo Nuestro”.

La funcionaria alterna esas recomendaciones con anuncios de becas y programas sociales, recorridos por colonias, mensajes políticos y sesiones fotográficas con su familia. El resultado es una cuenta en la que no existe una separación clara entre la servidora pública, la militante, la consumidora y la posible aspirante a un cargo en 2027.

Tampoco se explica con qué criterios selecciona los establecimientos que reciben promoción desde una cuenta asociada directamente con su cargo. No se informa si existe una convocatoria, un padrón de participantes o un procedimiento que permita a otros comercios obtener la misma exposición.

La recomendación de una secretaria no tiene el mismo alcance que la de una consumidora ordinaria. Su visibilidad deriva, al menos en parte, del puesto público que ocupa y de su acceso a programas gubernamentales. Por eso, una mención puede convertirse en publicidad de valor para un negocio, mientras otros establecimientos quedan fuera sin conocer las reglas.

Si la difusión forma parte de una estrategia institucional de apoyo a empresas locales, el Gobierno tendría que transparentar los criterios de participación, los establecimientos beneficiados, los recursos empleados y los resultados. Si se trata de decisiones personales de Valencia, debería aclararse que no intervienen dinero, trabajadores ni bienes públicos.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Francisco Rodríguez, también mantiene una presencia constante en redes. Desde sus espacios personales critica las condiciones de calles y servicios de la capital, pero dedica menor atención a informar con cifras sobre el desempeño de la dependencia que encabeza.

Sus videos no ofrecen, con la misma frecuencia, información sobre el presupuesto ejercido por la Secretaría, las empresas apoyadas, los créditos entregados, los empleos generados, las inversiones concretadas o los indicadores utilizados para evaluar la política económica estatal.

Señala baches y deficiencias municipales que forman parte del debate público; no obstante, cuando lo hace un integrante del gabinete, la crítica también funciona como posicionamiento político frente a otros gobiernos y partidos, particularmente cuando su imagen y su voz ocupan el centro del mensaje.

También se suma el diputado federal Leoncio Morán Sánchez, quien llevó esa mezcla entre vida personal y función pública a otro terreno. En mayo de 2025, el legislador de Morena documentó en sus redes un viaje en motocicleta por diversos lugares mientras conservaba el cargo y la dieta legislativa.

El recorrido forma parte de una identidad que Morán ha explotado durante años. En sus perfiles aparecen sus motocicletas, travesías por México y otros países de América, reflexiones personales y mensajes políticos.

El periódico Avanzada documentó que el legislador permaneció 16 días apartado de los trabajos parlamentarios por aquel viaje personal, sin solicitar licencia sin goce de sueldo. Morán reapareció públicamente el 4 de junio de 2025 durante un acto del Teletón en Colima.

Además, Rosa María Bayardo Cabrera construyó una presencia semejante durante su paso por la Cámara de Diputados, la Secretaría de Desarrollo Económico, el DIF estatal y la Presidencia Municipal de Manzanillo.

En sus redes publica etapas de su vida personal, paseos con sus perros, prácticas de yoga, encuentros familiares y actividades gubernamentales. Desde que solicitó licencia como alcaldesa, el 23 de junio de 2026, sus contenidos se concentran en recorridos y reuniones como aspirante a coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Colima.

Ese proceso interno de Morena representa, en los hechos, la antesala de la definición de su candidatura al Gobierno estatal. Su cuenta ya no la presenta principalmente como presidenta municipal, sino como aspirante a encabezar el proyecto político del partido en 2027.

La legislación actual no prohíbe que un funcionario tenga cuentas personales, publique actividades familiares o comparta opiniones. El problema surge cuando esas cuentas utilizan el cargo, los programas, las instalaciones y la actividad gubernamental para construir una marca política sin informar quién financia la producción.

El artículo 134 de la Constitución federal ordena que los recursos públicos se administren con imparcialidad. También establece que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, sin incluir elementos que impliquen la promoción personalizada de servidores públicos.

La Ley de Transparencia de Colima obliga, además, a publicar los gastos de comunicación social y publicidad oficial, incluidos presupuesto, proveedor, contrato, concepto y campaña. Las obligaciones no desaparecen porque el mensaje se difunda en formato vertical, con música, lenguaje coloquial o desde una cuenta identificada como personal.

A diferencia de la antesala de otros procesos electorales, como el de 2018, la promoción personalizada ya no requiere espectaculares ni anuncios oficiales. Puede presentarse como una caminata, una comida, una recomendación comercial, una rutina de yoga, un paseo en motocicleta o una conversación improvisada.

En los perfiles revisados no se informa de manera sistemática quién graba, edita y distribuye los contenidos; si intervienen trabajadores gubernamentales; si se utilizan vehículos o equipos oficiales; si las publicaciones se realizan en horario laboral, o si existe algún pago o intercambio con los negocios promocionados.

Morena llegó al poder con un discurso contrario a la promoción personal de los gobernantes. En Colima, varios de sus integrantes adoptaron una versión adaptada a las redes sociales: caminan, comen, viajan, se ejercitan y opinan frente a la cámara mientras la administración pública queda reducida al escenario de su narración. La presencia mediática es permanente; la rendición de cuentas, no, ni tampoco los beneficios para los colimenses derivados de los cargos que ocupan.