Mil millones bajo sospecha y ningún político sancionado

Colima, México, Avanzada (27/07/2026).- Durante casi una década, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó pagos irregulares a personal que no era conocido en sus centros de trabajo o que no cumplía con el perfil, recursos sin comprobar, transferencias cuyo destino se desconoce y erogaciones superiores a las autorizadas en Colima. Sin embargo, no existen consecuencias legales contra funcionarios o servidores públicos involucrados en esos señalamientos.

El expediente más voluminoso corresponde a la Cuenta Pública 2021, último año del gobierno del priista José Ignacio Peralta Sánchez y los primeros dos meses de la administración de la actual gobernadora, Indira Vizcaíno Silva. Peralta concluyó su mandato el 31 de octubre de 2021 y Vizcaíno asumió el cargo el 1 de noviembre, por lo que el ejercicio fiscal revisado comprende operaciones realizadas durante ambas administraciones.

En la auditoría 735, practicada a las Participaciones Federales a Entidades Federativas, la ASF determinó un probable daño a la Hacienda Pública por 853 millones 823 mil pesos y dejó otros 257 millones 303 mil 500 pesos por aclarar. El monto total observado ascendió a mil 111 millones 126 mil 500 pesos, equivalente al 39.7 por ciento de la muestra revisada. La ASF concluyó textualmente que el Gobierno de Colima “no realizó una gestión eficiente y transparente” de esos recursos.

La revisión encontró que, al 31 de diciembre de 2021, el estado tenía 567 millones 756 mil 200 pesos sin comprobar. Según el informe, no se acreditó que el dinero permaneciera en las cuentas bancarias estatales ni se presentó información financiera suficiente sobre las erogaciones. La observación no significó automáticamente que todo ese dinero hubiera sido sustraído, pero sí que el Gobierno estatal fue incapaz de acreditar oportunamente dónde estaba o en qué se había gastado.

Una parte de la opacidad se concentró en 19 organismos y dependencias. Inicialmente, la ASF señaló que se desconocía el destino de 566 millones 90 mil 900 pesos transferidos a esos ejecutores. Durante la auditoría, el Gobierno estatal presentó comprobantes por 319 millones de pesos; aun así, quedó sin acreditar el destino de 247 millones 58 mil 13 pesos asignados a diez instituciones.

Entre esos entes se encontraban los Servicios de Salud del Estado, con 142 millones 286 mil 600 pesos; el Instituto Colimense del Deporte, con 34 millones 519 mil 900; el Poder Judicial, con 33 millones 298 mil 900; el Instituto para el Registro del Territorio, con 24 millones 768 mil 300, y la Universidad Tecnológica de Manzanillo, con 2 millones 61 mil pesos. La ASF formuló un pliego de observaciones por los 247 millones pendientes, más los rendimientos financieros generados.

La auditoría documentó que 442 trabajadores de base, confianza y supernumerarios recibieron pagos que excedieron los montos máximos autorizados, por un total de 7 millones 744 mil 296 pesos. Los conceptos incluyeron sueldo, compensación burocrática, sobresueldo, productividad y remuneraciones a personal eventual.

La ASF encontró la misma conducta en la nómina educativa. En ese caso, 41 trabajadores administrativos y docentes recibieron sueldos y sobresueldos por encima de los límites autorizados, lo que generó un probable daño por 784 mil 671 pesos.

El informe también reveló pagos posteriores a la terminación de la relación laboral. La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración utilizó recursos federales para pagar 3 millones 423 mil 500 pesos a 218 trabajadores después de su baja definitiva. Además, realizó ocho pagos por 73 mil 500 pesos a cinco empleados que se encontraban con licencia sin goce de sueldo. La ASF presumió por ambos conceptos un daño de 3 millones 497 mil 78 pesos, más los rendimientos correspondientes.

En materia de adquisiciones y servicios, 19 ejecutores y la administración centralizada no entregaron contratos, datos de proveedores, registros fiscales, pólizas ni otros documentos que permitieran conocer el ejercicio de 770 millones 98 mil pesos. Aunque durante la revisión se solventó una parte, quedaron 206 millones 255 mil 244 pesos pendientes de aclaración. Por esta irregularidad, la Contraloría estatal abrió el expediente administrativo DAJR/QD/015/2023.

La ASF encontró diferencias entre el gasto reportado por el Gobierno estatal y la información entregada sobre el ejercicio de las participaciones federales. La Contraloría integró otro procedimiento, identificado como DAJR/QD/016/2023.

El patrón venía de años atrás. En la Cuenta Pública 2016, la auditoría determinó 186 millones 300 mil 900 pesos de probable daño por incumplimientos en el manejo de recursos federales. Después aparecieron pliegos relacionados con educación, salud, fortalecimiento financiero, participaciones y organismos públicos.

Para 2019, la ASF presumió un probable daño de 74 millones 560 mil 795 pesos en Participaciones Federales debido a que una instancia ejecutora no comprobó el gasto. En otra revisión, correspondiente al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, detectó 14 millones 814 mil 624 pesos sin documentación justificativa.

En el registro de denuncias penales de la ASF, actualizado al 30 de septiembre de 2025, no se identificaron querellas contra el Gobierno estatal derivadas de esos ejercicios. Las denuncias asociadas con Colima corresponden a cuentas anteriores, principalmente de 2009 y 2010, así como a expedientes por presunta simulación de reintegros presentados en 2014.

En Colima, la rendición de cuentas ha operado con frecuencia como una vitrina donde se exhiben las cifras, se identifican dependencias y se describen las irregularidades, pero no se llega a las sanciones. Hasta la fecha, el Gobierno del Estado y la Contraloría Estatal no han informado sobre el monto total de recursos que permanece pendiente de aclarar ante la ASF ni sobre las acciones legales emprendidas.

*En la fotografía: la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva y el exgobernador, José Ignacio Peralta Sánchez.