Las máquinas tragamonedas las utilizan los cárteles para reclutar jóvenes: Fiscal del Edomex

Toluca, Estado de México, Avanzada (22/07/2026).- El fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, aseguró que las máquinas tragamonedas instaladas de manera ilegal en tiendas, farmacias, misceláneas y centros comerciales forman parte de un esquema utilizado por organizaciones criminales para captar a menores y jóvenes, al afirmar que quienes adquieren deudas y no pueden pagarlas son reclutados para actividades delictivas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el fiscal sostuvo que las llamadas “maquinitas” han dejado de ser un simple entretenimiento para convertirse en un mecanismo de financiamiento del crimen organizado y de cooptación de nuevos integrantes.

“Cuando no pueden pagar, se les recluta. ¿Para qué? Para labores de halconeo, cobro de piso y actividades de diversa naturaleza de narcomenudeo”, declaró Cervantes Martínez, al advertir que las deudas generadas por el uso de estos dispositivos son aprovechadas por grupos criminales para incorporar a jóvenes a sus filas.

El funcionario también afirmó que las máquinas son colocadas de manera deliberada por organizaciones delictivas de alcance nacional, las cuales presuntamente obligan a comerciantes a instalarlas mediante extorsiones y exigen quedarse con la totalidad de las ganancias.

“No están ahí por casualidad, son sembradas, son puestas de manera forzada por algunas organizaciones criminales”, señaló.

Cervantes Martínez agregó que muchas de estas máquinas operan en las inmediaciones de escuelas, lo que, dijo, incrementa la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes al exponerlos a dinámicas relacionadas con actividades ilícitas.

Como parte de la estrategia emprendida en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, informó que en apenas ocho días fueron aseguradas más de 3 mil 700 máquinas tragamonedas, cuyo contenido económico preliminar asciende a entre 10 y 15 millones de pesos, cifra que aún continúa en proceso de contabilización.

El fiscal indicó que, debido al volumen de los aseguramientos, las autoridades pasaron de contar con un solo centro de resguardo a siete espacios de acopio, y afirmó que el objetivo es retirar de circulación lo que calificó como un “medio comisivo” utilizado por la delincuencia organizada para financiarse y reclutar nuevos integrantes.