Envuelve el “narcoterror” a Colima

Colima, México, Avanzada (06/06/2020).- El secuestro y posterior hallazgo del cuerpo de la diputada local, Francis Anel Bueno Sánchez; el homicidio de siete elementos de la Policía Estatal Preventiva –que tumbó del cargo al Secretario de Seguridad Pública en Colima, Enrique Sanmiguel-; así como los asesinatos diarios y delitos de todo tipo, evidencian el “narcoterror” que vive Colima desde años atrás. 

Ni la pandemia por el Covid-19 que mantiene en alerta a todo el mundo, provoca tanto dolor, miedo, impotencia, muerte e indignación entre la sociedad colimense como sí la violencia que ha cobrado la vida de más de 3 mil personas tan solo en los poco más de cuatro años que lleva gobernandor José Ignacio Peralta Sánchez.

Cabezas humanas, cuerpos desmembrados, “narcomantas”, balaceras a plena luz del día, de todo se puede ver en las calles, lotes baldíos o caminos de rancherías en la entidad. No es una película de terror, las notas periodísticas dan fe de ello todos los días y las estadísticas nacionales han puesto a Colima entre los primeros lugares de violencia.

Las autoridades federales también tienen abiertos expedientes de investigaciones por supuestos casos de lavado de dinero, “narcoempresas” y múltiples delitos cometidos por los grupos del crimen organizado en la zona.  Al menos dos cárteles se han disputado durante los últimos años la plaza, la pelea por el control del puerto de Manzanillo sigue entre el Cártel de Sinaloa, encabezado por el “Changuito Antrax”; y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Nemesio Oseguera Cervantes.

Todo ello mantiene a la sociedad en vilo. Este miedo de ser víctima de la violencia del narcotráfico supera por mucho a cualquier otro, incluso a ser contagiado por el virus SARS-CoV-2. Prueba de ello es el cambio cultural que se ha dado, de pasar a ser el estado más pacífico del país, a arrastrar un sinnúmero de delitos graves; dejando a las autoridades rebasadas. 

En este pequeño estado de la república igual asesinan afuera de una plaza comercial, en restaurante, cerca alguna escuela, dentro de una vivienda o mientras circulan por las calles, no importa si eres político o ciudadano de a pie, la violencia es cosa de todos los días y la impunidad también. 

Tener miles de asesinatos con la marca del crimen organizado, el repunte de robos, los primeros lugares en secuestro, extorciones y una cifra de casi mil desaparecidos, ponen a Colima y su gente en una situación extremadamente delicada y de terror, en donde las autoridades han sido irrefutablemente rebasadas y no se le ve solución a la violencia. El narco se impone ante la complacencia de las autoridades. 

IXTLAHUACÁN, ZONA PELIGROSA

A pesar de que en este municipio son pocos los habitantes –menos de 5 mil-, cuyos caminos permanecen con poca afluencia debido a que la cabecera municipal está alejada de otras en la entidad, cerca de Michoacán y rodeada de cerros; Ixtlahuacán ha sido el refugio de algunos capos de la droga y al menos un par de políticos del lugar han sido asesinados con la marca del crimen organizado.

En este lugar se escondía Gerardo Mendoza Chávez, líder de la célula “La Familia Michoacana” y autor intelectual del homicidio del exgobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos (asesinado el 21 de noviembre de 2010). Cuando el asesino fue capturado, Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR); expresó que Mendoza era “uno de los probables traficantes de droga sintética, marihuana y cocaína en el estado de Colima” los Estados Unidos.

El narcotraficante circuló por varios años en Colima. Había sido detenido en septiembre de 2001 por portación de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, motivo por lo que estuvo únicamente un mes en el Cereso de Colima, su abogado promovió un amparo. Salió y continúo en Colima, hasta que fue detenido a principios de mayo de 2018 en su rancho El Guamuchil, en la comunidad de Agua de la Virgen, Ixtlahuacán.

Casi siete meses atrás, la mañana del 20 de octubre de 2017, fue asesinado el alcalde de ese municipio, Crispín Gutiérrez Moreno, a la altura de Loma de Fátima, cuando circulaba en su camioneta por la autopista Colima- Manzanillo. Los sicarios le dispararon en la cabeza y huyeron rumbo al municipio de Tecomán, donde se enfrentaron a balazos con policías estatales.

Crispín Gutiérrez había sido antes diputado en la LV Legislatura del Congreso del Estado de Colima (2006-2009), y Francis Anel Bueno Sánchez era la diputada suplente por Ixtlahuacán, había sido anteriormente secretaria del área de Seguridad Pública y Vialidad de ese municipio, durante la administración del hoy fallecido.

Ella también fue asesinada. Siendo diputada local, Anel Bueno fue privada de su libertad por un grupo armado de personas el pasado 29 de abril, en la población de Tamala, Ixtlahuacán. Formaba parte de la bancada de Morena en el Congreso local y era la representante popular de la mayor parte de ese municipio.

Más de un mes después de su desaparición, apenas este miércoles 03 de junio el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, informó que el cadáver de la diputada había sido localizado en una fosa clandestina. Más tarde la Fiscalía de Colima confirmó que el cuerpo estaba en un predio ubicado cerca de la carretera Tecomán-Alcuzahue, en donde encontraron otros tres cuerpos sin vida.

AUMENTA EL CALOR DE LA VIOLENCIA 

El calor del ambiente no se compara para nada al calor de la violencia que se vive en Tecomán, con el miedo que expresan sus habitantes, donde cientos de personas han sido asesinadas o permanecen como desaparecidos. El lugar se ha teñido de sangre durante varios años, aquí es una zona de guerra en la que varios grupos criminales se pelean la plaza. 

Incluso este lugar ha servido para tirar a las víctimas, ahí se han narcofosas con decenas de cuerpos, no sólo el de la diputada local, sino desde años atrás se han contabilizado varios hallazgos macabros. Sólo en febrero de 2019 las autoridades dieron a conocer el hallazgo de 69 cuerpos en fosas clandestinas en dos predios de la comunidad de Santa Rosa. 

Ese año, Colima fue en el segundo estado con mayor porcentaje de fosas clandestinas identificadas: 96 fosas, lo que representó el 16.1% del total de tumbas clandestinas en todo el país, únicamente por abajo de Veracruz. No obstante, meses antes, la Comisión Nacional de Búsqueda de personas Desaparecidas ubicó a la entidad del pacífico en el primer lugar con hallazgos en narcofosas. 

Pero lo mismo ha sido en Armería o Manzanillo que en Tecomán. La Fiscalía General del Estado confirmó también en mayo de 2019 el hallazgo de 10 cadáveres en igual número de fosas clandestinas cerca de la carretera Manzanillo-Cihuatlán. Cerca de donde esta semana fueron abandonados los cuerpos de siete policías asesinados por un grupo delictivo del lugar. 

Este mes de junio inició con la lamentable noticia de que en la comunidad de Cedros, en Manzanillo, había sido encontrada una camioneta con placas del Estado de México y en su interior estaban los cuerpos desmembrados de varias personas. Después las autoridades confirmaron que se trataba de los siete policías estatales que estaban desaparecidos desde cuatro días antes. 

Fue el pasado 28 de mayo cuando se supo de la desaparición de los diez agentes y dos inversionistas a los que habían escoltado del Aeropuerto de Manzanillo al municipio de La Huerta, Jalisco. Después fueron liberados los empresarios, familiares del diputado local Rogelio Humberto Rueda Sánchez; y las tres mujeres policías de los diez que iban en la comitiva. Los otros siete fueron asesinados.

Las autoridades ya estaban advertidas pero no hicieron mucho. Además de que se metieron a una zona conocida por la explotación minera de manera ilegal (a cargo de grupos criminales), una de las varias narcomantas que han aparecido en la entidad, firmada por el “Changuito Antrax”, había amenazado con matar a policías y agentes de investigación porque supuestamente estaban “agarrando dinero y continuan agarrando a mi gente y reventandome casas (…) Continuamos llenando panteones”. (Sic)

MUERTOS EN VIDA

Pero hay cuerpos que ni siquiera llegan a los camposantos, hay personas que no regresan con sus familias, mientras éstas todos los días se despiertan con la esperanza de encontrar a ese ser amado del que no saben desde días, meses, años atrás. Ese es otro de los problemas que afecta a la ciudadanía colimense, la entidad tiene los primeros lugares en personas desaparecidas.

Durante el actual sexenio las personas desaparecidas han aumentado, se cuentan casi mil personas sin un paradero conocido. El fenómeno atemoriza a la sociedad, las víctimas van desde los primeros años de vida hasta adultos. El móvil es variado, desgraciadamente muchos son localizados meses después sin vida, pero también cientos de familias siguen la búsqueda incansable, ante la indolencia de los gobiernos.

El 19 de mayo de 2017 desapareció en Tecomán, con ocho años de edad, Kelsy Naomi Castañeda Córdova. La última vez que se supo de ella fue cuando salió a vender donas junto con una señora que vivía cerca de su casa. Meses después, el 08 de diciembre, del mismo año, con la misma edad y el mismo municipio, Rodrigo Flores Maldonado fue visto por última vez. 

Ambos menores de edad forman parte de las estadísticas presentadas en el estudio ‘Niñas, niños y adolescentes, víctimas del crimen organizado en México’, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que coloca a Colima como el estado con la tasa más alta de personas menores de 18 años de edad desaparecidas, por cada 100 mil habitantes.

La diputada local Anel Bueno estuvo en la lista de desaparecidos por más de un mes, pero hay familias que buscan a un hijo, hermana, padre o primo desde hace más de diez años. Carmen Sepúlveda Gómez, presidenta del colectivo Red Desaparecidos en Colima, apuntó esta semana la diferente atención que existe para encontrar a un político que para hallar a los cientos de ciudadanos desaparecidos.  

Para Eva Verduzco de la Cruz, integrante del Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la entidad el número de desaparecidos se ha incrementado, estimó que la cifra podría superar las 750 personas en los diez municipios, sobresaliendo Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán, que tiene altas tasas de incidencia delictiva.

Así, cientos de familias sufren la pesadilla de no conocer el paradero de ese ser amado que desapareció, además viven en la incertidumbre, arriesgando sus propias vidas por las investigaciones que realizan, pues ni la fiscalía, ni el gobierno, ni los sistemas policiacos hacen un trabajo efectivo para dar con ellos. Es una mezcla de dolor, miedo, impotencia e indignación. 

MANZANILLO Y TECOMÁN, ENSANGRENTADOS 

A finales de marzo de 2018, una cabeza humana fue localizada en el interior de una hielera, cerca de la escuela primaria Juan Silva Palacios en Ixtlahuacán, en el mismo lugar donde días antes habían arrojado un cadáver amordazado. 

El hecho no fue nuevo –ni único-, el 13 de marzo de 2017 una cabeza humana fue encontrada en el interior del Palacio Municipal de Manzanillo, mientras la entonces alcaldesa panista, Gabriela Benavides Cobos, estaba en un acto público enfrente del edificio. Para marzo de 2019, otra cabeza humana cercenada fue localizada cerca de la plaza de toros de la comunidad de Caleras, Tecomán.

De acuerdo con el Informe de Seguridad del Gobierno de México, los municipios de Manzanillo y Tecomán han destacado a nivel nacional por aparecer en el listado de los 50 municipios del país con mayor incidencia de homicidios dolosos en números totales. 

Información del Secretariado de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) apunta que Manzanillo se ubica en el lugar 16 del ranking, con 243 homicidios dolosos registrados entre enero y noviembre del año pasado, y una tasa de 121.69 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Mientras, Tecomán se ubica en el número 39 en la tabla, con 122 delitos ocurridos en el mismo periodo y una tasa de 91.98 crímenes por cada 100 mil habitantes.

Apenas en marzo de este año, cinc cadáveres de una familia fueron localizados en un rancho de la comunidad de Cuyutlán, Armería. En octubre de 2019 fueron localizados sin vida al interior de su vivienda en el ejido Francisco Villa de Manzanillo, tres integrantes de una familia, tenían impactos de bala. La mañana del domingo 7 de enero de 2018, un comando armado irrumpió en un rancho ubicado en Tecomán y abrió fuego contra 8 personas. 

En poco más de cuatro años, el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez ha superado cualquier otra cantidad de crímenes de la historia de la entidad, arrastrando más de tres mil asesinatos, un promedio de 61.5 por mes. La cifra de homicidios supera el doble de los mil 500 contabilizados durante los tres sexenios anteriores juntos.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el periodo de Fernando Moreno Peña (1997-2003) se cometieron 335 homicidios (55.8 por año); en el de Carlos Flores Dueñas, Gustavo Vázquez Montes, Arnoldo Ochoa González y Silverio Cavazos Ceballos (2003-2009) ocurrieron 225 asesinatos (37.5 por año) y en el de Mario Anguiano Moreno (2009-2015) se cometieron 940 actos de privación de la vida (156.6 por año).

ACECHO CRIMINAL

Esta semana la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que en conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), tas el operativo “Agave Azul”; fueron bloqueadas 1,939 cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual opera en Colima, en donde se han señalado la existencia de “narcoempresas”.

 Es indudable la presencia del narcotráfico en esta entidad. No se puede pasar por alto que Manzanillo es un puerto estratégico de los grupos criminales por las ventajas geográficas que ofrece para el flujo de mercancías y drogas de Asía y Sudamérica hacia los países del norte. 

Múltiples reportes policiales e investigaciones periodísticas ubican la entrada del crimen organizado a Colima a finales de los años 70, principios de los 80, pero detectan una alzada de asesinatos en la última década, prácticamente a partir de 2009, al inicio del gobierno de Mario Anguiano Moreno. Actualmente ese conflicto entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ha intensificado el pánico en el estado. 

Ahora ya no sólo los adultos mueren como consecuencia de los conflictos del narco, también los jóvenes son presa fácil de este problema. Un informe de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) de 2015, calculó que existían 30 mil niños y adolescentes trabajando activamente con organizaciones criminales en el país.

Para 2018, Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), advirtió que los grupos criminales reclutan a niños, adolescentes y jóvenes para cometer delitos, tales como secuestro o incluso asesinatos, porque los consideran “desechables”. Reveló que 2017 fue extremadamente violento para Colima, donde se reportó una tasa de 12 defunciones de menores por cada 100 mil habitantes.

En ese sentido, el acecho a las familias colimenses –y en general de todo el país-, se sufre incluso hasta con los integrantes más vulnerables, los niños y jóvenes. El narcotráfico se ha vuelto una forma de vivir para muchos, con consecuencias mortales para más. La pobreza y la falta de políticas públicas para mejorar las condiciones de vida han sido elementos para el inicio del terror. 

El escenario es por donde quiera negativo, el saldo es lamentablemente sangriento: cientos de personas desaparecidas –fenómeno que ha aumentado en las últimas semanas-, miles de asesinatos, decenas de narcofosas y algunos narcomensajes y cabezas humanas expuestas en espacios públicos, han cimbrado la incertidumbre entre la sociedad colimense.

La violencia es imparable, los gobiernos están rebasados, la sociedad está vulnerable, indignada, aterrorizada. Colima ha pasado de ser el estado más tranquilo del país al más violento en apenas una década. El narcoterrorismo está al acecho, salir a la calle en Colima representa un riesgo, nadie “vive feliz, ¡seguro!”