Sheinbaum rechaza informe de comité sobre desapariciones y cuestiona su metodología

Ciudad de México, México, Avanzada (06/04/2026).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó los señalamientos emitidos por un comité vinculado a la Organización de las Naciones Unidas sobre desapariciones en el país, al considerar que su análisis es limitado, metodológicamente incorrecto y no refleja la realidad actual.

Durante su posicionamiento, la mandataria aclaró que dicho órgano “no es un comité de Naciones Unidas como tal, sino un grupo de expertos vinculado” al organismo internacional, lo que —dijo— marca una diferencia importante en cuanto a su carácter y alcances.

Sheinbaum explicó que el informe se basa en el análisis de casos ocurridos en cuatro estados de la República entre 2009 y 2017, cuyos resultados fueron extrapolados hasta 2025, lo que calificó como una generalización indebida. Además, señaló que las conclusiones del comité no corresponden con la definición de desaparición forzada establecida por la propia ONU, la cual implica la participación directa del Estado con fines políticos.

La presidenta sostuvo que el documento omitió información relevante proporcionada previamente por el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, sobre avances recientes en materia de búsqueda de personas, reformas legales y coordinación con colectivos de familiares.

“Todo esto no fue tomado en cuenta, por eso se rechazó el documento”, afirmó.

No obstante, Sheinbaum subrayó que el rechazo al informe no significa un retroceso en las acciones del gobierno federal, y reiteró el compromiso de su administración para atender la problemática de desapariciones, la cual —indicó— está vinculada principalmente a la delincuencia organizada.

Asimismo, enfatizó que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación rechaza categóricamente el uso de la desaparición forzada como mecanismo de control o represión por parte del Estado.

Finalmente, adelantó que se mantendrá la comunicación con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, a fin de dar a conocer los avances del país en la materia y expresar las razones por las cuales no se comparte el contenido del informe.