Colima, México, Avanzada (08/07/2026).- El Congreso del Estado de Colima modificó en menos de dos semanas el esquema fiscal que impuso a los conductores de plataformas digitales de transporte. El 25 de junio aprobó incorporar a la Ley de Hacienda el cobro anual de un permiso de operación equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), alrededor de 3 mil 519 pesos en 2026, y apenas ocho días después, el 3 de julio, autorizó un descuento temporal del 40 por ciento, luego de las inconformidades expresadas por los operadores.
La reforma que creó el nuevo derecho fue avalada por la mayoría legislativa integrada por Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza, bajo el argumento de fortalecer la regulación del servicio de transporte contratado mediante aplicaciones digitales y mantener un padrón actualizado de las unidades que prestan ese servicio. Sin embargo, tras su aprobación comenzaron las protestas de conductores, quienes calificaron el monto como excesivo y advirtieron que representaba un obstáculo para regularizarse.
Ante ese escenario, la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública promovió un nuevo decreto para otorgar un estímulo fiscal. La propuesta original planteaba reducir el cobro en 30 por ciento, pero durante la discusión legislativa el beneficio fue incrementado a 40 por ciento, luego de que la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración emitiera una opinión técnica en la que consideró viable el descuento e, incluso, estimó que podría favorecer la recaudación al incentivar que un mayor número de operadores realizara el trámite.
El decreto aprobado establece que el descuento aplicará tanto a personas físicas como a personas morales propietarias de vehículos afiliados a empresas de redes de transporte y tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de 2026. Esto permitirá que quienes ya cubrieron el pago puedan solicitar la devolución del monto correspondiente al estímulo autorizado. El beneficio permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de este año.
Durante la discusión del dictamen, las y los legisladores sostuvieron que el propósito del incentivo no consiste en eliminar el permiso de operación, sino facilitar el cumplimiento de una obligación recientemente incorporada a la Ley de Hacienda, al tiempo que se fortalece el padrón estatal de vehículos que operan mediante plataformas digitales y se mantiene el control administrativo sobre ese servicio.