Declaraciones patrimoniales: el espejo incómodo del poder

Colima, México, Avanzada (15/06/026).- Concebidas como un mecanismo para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos han permitido, en algunos casos, que la ciudadanía siga la evolución del patrimonio de quienes llegan a ocupar los cargos de mayor poder político. En Colima, estos documentos públicos han dejado constancia de cómo cambió la situación patrimonial de los gobernadores durante el ejercicio de sus funciones y han abierto debates sobre el origen, el financiamiento y la adquisición de bienes de alto valor.

Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió en 2018, cuando el entonces gobernador José Ignacio Peralta Sánchez reportó en su declaración patrimonial la adquisición de un condominio en la Ciudad de México con un valor superior a los 27 millones de pesos, operación realizada apenas dos años y tres meses después de haber asumido la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.

La declaración patrimonial, fechada el 31 de diciembre de 2018 y publicada en el portal oficial del Gobierno del Estado, registró que Peralta Sánchez poseía bienes inmuebles con un valor total de 39 millones 932 mil pesos, bienes muebles por un millón 842 mil 363 pesos y una cuenta bancaria con un saldo de 181 mil 234 pesos, para un patrimonio declarado de 41 millones 955 mil 836 pesos. En el mismo documento informó pasivos por 12 millones 84 mil 47 pesos, correspondientes a dos créditos por 6.9 y 5.1 millones de pesos, respectivamente.

La incorporación del departamento de lujo al patrimonio del mandatario generó cuestionamientos públicos sobre la magnitud de la operación. Ante ello, Peralta Sánchez defendió la legalidad de la adquisición y explicó que el inmueble fue comprado en copropiedad con un familiar, quien fungió como coacreditado. Aseguró que la operación se financió mediante la venta de dos propiedades, un departamento adquirido en 1999 y una vivienda comprada en Colima en 2009, además de un crédito hipotecario y la aportación del copropietario.

Incluso realizó una precisión sobre el monto asentado en su declaración patrimonial. Señaló que el inmueble no costó 27 millones 133 mil pesos, como aparecía en el documento, sino 27 millones 700 mil pesos, cifra que, afirmó, corresponde a la escritura pública de compraventa.

Años después, la evolución patrimonial volvió a colocarse en el centro del debate público con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, quien en sus declaraciones patrimoniales reconoció la adquisición de dos terrenos en Manzanillo, así como de una casa con un valor de 6.5 millones de pesos, comprada en 2022. Para concretar esa operación también reportó la contratación de un crédito hipotecario por 7.8 millones de pesos, información que quedó asentada en los documentos públicos disponibles para consulta ciudadana. Los terrenos los compró el mismo día y los pagó de contado como queda asentado en la misma declaración patrimonial, aunque en sus declaraciones más recientes sobre el tema, la gobernadora dijo que fue a través de transferencia.

Estos casos ilustran el alcance de las declaraciones patrimoniales como instrumentos de escrutinio público. Aunque por sí mismas no constituyen evidencia de posibles actos de corrupción, sí permiten conocer la evolución del patrimonio de los servidores públicos, identificar adquisiciones relevantes, verificar la existencia de créditos y contrastar la información con los ingresos reportados por los propios funcionarios.