Sin rastro del patrimonio del Alcalde de Colima: Riult Rivera Gutiérrez

Colima, México, Avanzada (02/06/2026).- A pesar de que la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses constituye una obligación legal para todas las personas servidoras públicas, la información correspondiente al alcalde de Colima, el panista Riult Rivera Gutiérrez, permanece fuera del alcance de la ciudadanía.

Una revisión realizada por AVANZADA en los portales de transparencia del Ayuntamiento de Colima, de la Contraloría General del Estado y en la plataforma DeclaraNet no permitió localizar la declaración patrimonial del presidente municipal correspondiente a 2026. Tampoco fue posible encontrar su declaración inicial presentada al asumir el cargo, ni las declaraciones de modificación patrimonial correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025.

La ausencia de esta información no se limita al alcalde, ya que, durante la revisión también se constató que varios integrantes del actual Cabildo capitalino carecen de declaraciones patrimoniales visibles en las plataformas oficiales destinadas a garantizar la rendición de cuentas y el acceso ciudadano a la información pública.

La situación contrasta con la documentación disponible de la administración municipal anterior:  en el portal del Ayuntamiento aún pueden consultarse las declaraciones patrimoniales de integrantes del Cabildo que encabezó la entonces alcaldesa Elia Margarita Moreno González. Incluso, la ahora regidora capitalina ya cuenta con la declaración correspondiente al ejercicio 2026 publicada en la plataforma municipal, mientras que la del alcalde Riult Rivera Gutiérrez continúa sin aparecer.

La declaración patrimonial y de intereses es uno de los principales instrumentos diseñados para transparentar la evolución del patrimonio de quienes ejercen funciones públicas y prevenir posibles conflictos de interés. Su presentación no constituye una opción, sino una obligación establecida en el marco jurídico mexicano.

De acuerdo con el último párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con la fracción XXV del artículo 3 y los artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las personas servidoras públicas están obligadas a presentar, bajo protesta de decir verdad, sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes.

En Colima, esta obligación se encuentra homologada mediante la legislación estatal: el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece plazos específicos para el cumplimiento de este deber.  La declaración inicial debe presentarse dentro de los 60 días naturales posteriores al ingreso al servicio público; la declaración de modificación debe realizarse anualmente durante el mes de mayo; y la declaración de conclusión debe entregarse dentro de los 60 días siguientes a la terminación del cargo.

La propia legislación prevé consecuencias para quienes incumplan con estas obligaciones;  la Contraloría General del Estado puede iniciar procedimientos de investigación por posibles faltas administrativas, y la omisión de la declaración inicial incluso puede derivar en que el nombramiento o contrato quede sin efectos.