Episcopado Mexicano llama a participar en consulta sobre derechos de las audiencias

La Conferencia del Episcopado Mexicano pidió a la ciudadanía participar en la consulta pública sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y advirtió sobre los riesgos de otorgar a una autoridad facultades para determinar qué información es verdadera o falsa.

Ciudad de México, Avanzada (17/08/2026).- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a fieles laicos, comunicadores, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general a participar en la consulta pública sobre el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, cuyo plazo vence el 21 de agosto de 2026.

En un mensaje dirigido al pueblo de México, a las audiencias, comunicadores y personas de distintas confesiones religiosas, el Episcopado sostuvo que la regulación debe proteger el derecho de las audiencias sin poner en riesgo la libertad de expresión, la libertad religiosa ni la independencia editorial de los medios de comunicación.

La CEM reconoció aspectos del proyecto que considera positivos, entre ellos la prohibición expresa de la censura previa, la protección contra la discriminación por motivos religiosos y el derecho de las audiencias a recibir contenidos que reflejen el pluralismo de la sociedad mexicana.

También destacó las disposiciones orientadas a proteger a grupos vulnerables frente a la manipulación, la publicidad engañosa y contenidos que atenten contra la dignidad de las personas.

Sin embargo, manifestó su preocupación por la posibilidad de que una autoridad administrativa pueda determinar cuándo una información es “falsa” o “descontextualizada” y aplicar sanciones a partir de esos criterios.

De acuerdo con el Episcopado, establecer una calificación oficial sobre la veracidad de ideas, opiniones, convicciones o creencias podría condicionar la libertad de expresión a criterios impuestos desde el ámbito gubernamental. En su postura, la labor periodística debe sustentarse en la diligencia profesional para contrastar y verificar información, distinguir hechos de opiniones y corregir errores, pero la valoración de las convicciones no corresponde a una autoridad administrativa.

La organización religiosa también pidió que los lineamientos contemplen de manera expresa el pluralismo de las convicciones y creencias religiosas, así como el derecho de las personas que no profesan ninguna religión, con el propósito de evitar que sus expresiones queden sujetas a juicios administrativos de veracidad o a etiquetas obligatorias.

Otro de los puntos señalados fue la independencia editorial. La CEM cuestionó que el proyecto otorgue facultades a la autoridad para revisar y validar los códigos de ética de los medios, así como intervenir en decisiones relacionadas con los defensores de las audiencias.

Para el Episcopado, la ética de los medios debe desarrollarse mediante procesos de autorregulación y libertad editorial, pues una supervisión oficial permanente podría desvirtuar ese principio.

Ante este escenario, la CEM insistió en la importancia de que la ciudadanía participe en la consulta pública antes del 21 de agosto, al considerar que sus aportaciones deben formar parte de la discusión sobre las reglas que determinarán la relación entre medios, audiencias y autoridades.

“La verdad no se impone: se busca, se propone y se reconoce libremente”, sostuvo el Episcopado, al señalar que corresponde al Estado garantizar las condiciones para que las personas puedan buscar, expresar y debatir sus ideas en libertad, sin asumir el papel de autoridad encargada de decidir qué es verdadero.

Finalmente, la CEM expresó su disposición para dialogar con las autoridades y concesionarios, además de ofrecer su red educativa y pastoral para colaborar en programas de alfabetización mediática, formación de audiencias críticas y difusión de los mecanismos para la defensa de sus derechos.

La consulta pública permanece abierta hasta el 21 de agosto de 2026 a través del portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.