En los últimos años, Colima ha pasado de ser uno de los estados más tranquilos del país a convertirse en una de las entidades con mayores índices de homicidio en México. Masacres, desapariciones, fosas clandestinas y víctimas colaterales forman parte de una crisis de violencia que se ha extendido por casi dos décadas y que aún mantiene abiertas decenas de investigaciones sin resolver.
Colima, México, Avanzada (11/03/2026).- En este pequeño estado del occidente del país, bañado por las aguas del Pacífico, la violencia dejó de ser un episodio aislado hace años. Con el paso del tiempo se convirtió en una constante que marca la vida cotidiana de sus habitantes: homicidios múltiples, cuerpos abandonados en distintos puntos del territorio, fosas clandestinas y una morgue que en distintos momentos ha enfrentado la acumulación de cadáveres.
La historia reciente de esta crisis comenzó a tomar forma hace casi dos décadas, pero se agudizó a partir de la segunda mitad de la década pasada, cuando Colima empezó a figurar de manera recurrente entre los estados con mayores tasas de homicidio del país. Desde entonces, la entidad ha alternado entre los primeros lugares nacionales en violencia por cada 100 mil habitantes.
Uno de los episodios que quedó grabado en la memoria colectiva ocurrió el 7 de enero de 2018 en un rancho cercano al fraccionamiento San Ignacio, en el municipio de Tecomán. Aquella mañana de domingo, seis personas que se encontraban reunidas para beber la tradicional “leche caliente”, una costumbre arraigada en el campo, fueron atacadas a balazos. Entre las víctimas estaba un hombre de 92 años.
El caso atrajo la atención de medios nacionales e internacionales por tratarse de un homicidio múltiple. Sin embargo, con el paso del tiempo el expediente se diluyó entre cientos de investigaciones abiertas. Las familias de las víctimas, según relatan habitantes de la zona, enfrentaron el duelo sin acompañamiento institucional, incluso en aspectos básicos como la atención psicológica.
Ese mismo enero de 2018 marcó un punto de inflexión. En distintas zonas del estado comenzaron a aparecer cuerpos sin vida en calles y espacios públicos, especialmente en municipios de la franja costera como Tecomán y Manzanillo. Las imágenes de esos hallazgos, difundidas en redes sociales y servicios de mensajería, empezaron a circular con frecuencia entre los habitantes.
La violencia, sin embargo, había golpeado antes a la población civil. El 17 de octubre de 2011, en la colonia Santa Elena de la capital del estado, tres integrantes de una familia, entre ellos un niño de dos años, fueron asesinados dentro de su vivienda tras un ataque armado.
Dos años después, el 28 de enero de 2013, el caso de Irma Jazmín, una niña de 10 años reportada como desaparecida en Tecomán, volvió a estremecer a la entidad. Su cuerpo fue localizado horas después en condiciones que revelaban la brutalidad del crimen. Autoridades informaron entonces que la menor habría sido confundida con un familiar de personas vinculadas a actividades delictivas.
La lista de víctimas menores de edad siguió creciendo en los años posteriores. Adolescentes que caminaban por la calle, jóvenes que se encontraban afuera de sus casas o menores que realizaban actividades cotidianas quedaron atrapados en hechos violentos ocurridos en distintos municipios del estado.
Uno de esos casos ocurrió el 9 de mayo de 2017, cuando Alexis, un joven de 17 años que vendía flores en el centro de la ciudad de Colima, murió tras quedar en medio de un enfrentamiento armado registrado cerca del Mercado Álvaro Obregón.
La crisis alcanzó otra dimensión en febrero de 2019, cuando autoridades localizaron 49 fosas clandestinas en la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de Tecomán. En ese sitio fueron exhumados 73 cuerpos. El hallazgo se convirtió en uno de los episodios más graves registrados durante la administración estatal de ese periodo.
A pesar de la magnitud del descubrimiento, con el paso de los años las autoridades no han hecho públicos avances sustanciales sobre las líneas de investigación relacionadas con ese caso. Colectivos de familiares de personas desaparecidas han cuestionado la falta de información y de resultados.
La cadena de episodios violentos muestra la dimensión de una crisis de seguridad que se arrastra desde hace años. Entre homicidios, desapariciones y carpetas de investigación que siguen abiertas sin resultados claros.