Colima, México, Avanzada (08/03/2026).- El periodista Óscar Adrián Luna aseguró que en Colima se han documentado diversos casos de presunto nepotismo dentro de dependencias públicas sin que, hasta el momento, exista alguna investigación o sanción por parte de las autoridades responsables de vigilar el cumplimiento de la ley.
En entrevista, el comunicador señaló que recientemente identificó un nuevo caso relacionado con el ingreso al Poder Judicial de la presunta pareja del hijo del secretario general de Gobierno, Alberto Eloy García Alcaraz, situación que —dijo— forma parte de un patrón más amplio de incorporación de familiares o personas cercanas a funcionarios en cargos públicos.
Luna explicó que la información surgió a partir del testimonio de una trabajadora del propio Poder Judicial, quien le comentó que, tras la reciente reforma judicial en el estado, lejos de eliminar prácticas cuestionadas dentro de la institución, se han reforzado dinámicas de contratación vinculadas con relaciones personales o políticas.
De acuerdo con el periodista, además de este caso específico, existen reportes de otros familiares y personas cercanas al partido gobernante que habrían sido incorporados a puestos dentro del nuevo Poder Judicial. “Se está configurando un poder judicial que, lejos de ser independiente, podría responder a intereses de grupo o partidistas”, afirmó.
Añadió que la situación resulta particularmente llamativa debido a que algunos de los magistrados recientemente nombrados tuvieron previamente cargos dentro de la Secretaría General de Gobierno. Según indicó, al menos tres de ellos habrían trabajado en esa dependencia.
El periodista recordó que no es la primera vez que documenta presuntos casos de nepotismo en distintas instancias de gobierno en Colima; sin embargo, aseguró que hasta ahora no se ha iniciado ninguna investigación formal.
Indicó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece sanciones para el nepotismo, que pueden ir desde multas hasta inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. No obstante, señaló que en los hechos estas disposiciones no se están aplicando.
Explicó que, en el caso de dependencias estatales, correspondería a la Contraloría del Gobierno del Estado realizar las investigaciones, mientras que en los municipios esa responsabilidad recae en las contralorías municipales.
“Se han publicado varios casos y no ha pasado nada. En la práctica, la Contraloría está de adorno”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó que en el Ayuntamiento de Manzanillo incluso se han señalado situaciones en las que funcionarios encargados de supervisar posibles irregularidades tendrían familiares trabajando dentro de la misma administración.
Pese a la falta de consecuencias tras sus investigaciones, Luna afirmó que continuará documentando posibles actos de corrupción dentro del servicio público.
“El nepotismo es una forma de corrupción. Aunque no haya sanciones, el trabajo del periodista es exhibir estos casos para que la sociedad los conozca”, expresó.
Señaló además que el ejercicio del periodismo de investigación enfrenta cada vez mayores obstáculos, particularmente por las dificultades para acceder a información pública.
El periodista advirtió que la falta de actualización de portales oficiales de transparencia está dificultando el acceso a datos sobre el uso de recursos públicos y la estructura administrativa de distintas dependencias.
Como ejemplo, mencionó que al revisar el portal de la Comisión de Agua de Manzanillo encontró que la información disponible corresponde todavía a la administración anterior, sin que se haya actualizado con datos del gobierno actual.
A su juicio, esta situación limita la posibilidad de conocer aspectos básicos como contrataciones, gasto público u obras realizadas.
Finalmente, Luna consideró que la falta de una autoridad que vigile el cumplimiento de las obligaciones de transparencia podría agravar estos vacíos de información.
“Si no se investigan casos de nepotismo que han sido exhibidos públicamente, difícilmente se revisará si las dependencias están cumpliendo con sus obligaciones de transparencia”, concluyó.