Colima, México, Avanzada (22/02/2026).- La decisión del gobierno de Colombia de permitir que niñas, niños y adolescentes participen en procesos de afirmación de género, así como la elaboración de un protocolo oficial para orientar la atención médica de menores que se encuentran en esta situación, desató una ola de críticas desde su publicación.
Medios nacionales en Colombia, así como plataformas internacionales como BBC Mundo y CNN en Español, han documentado el surgimiento de una controversia que involucra a autoridades sanitarias, legisladores, médicos y familias, en medio de cuestionamientos sobre los alcances de estas políticas públicas y su impacto en la población menor de edad.
La discusión se intensificó cuando el gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro publicó lineamientos y protocolos dirigidos a garantizar la atención integral de adolescentes que se identifican como trans, incluyendo intervenciones médicas reguladas bajo criterios clínicos. Sectores de oposición acusaron a las autoridades de Salud y Educación de promover la identidad de género en menores, mientras que el gobierno defendió la medida como un instrumento necesario para asegurar el acceso a servicios médicos seguros y basados en evidencia científica.
El debate escaló en el ámbito político luego de que legisladores y funcionarios de oposición acusaran a dependencias del gobierno, particularmente a las secretarías de Salud y Educación, de promover políticas relacionadas con la identidad de género en menores de edad.
Las críticas se intensificaron tras la publicación de materiales educativos y lineamientos sanitarios dirigidos a garantizar la atención integral a la población trans, incluyendo adolescentes.
Uno de los puntos centrales de la controversia es el manual basado en evidencia científica que establece lineamientos para la atención integral de la salud y la afirmación de género en personas trans. El documento instruye a prestadores de salud y autoridades territoriales sobre la implementación de protocolos clínicos para esta población. En la guía se advierte que la terapia hormonal cruzada puede provocar cambios físicos irreversibles o parcialmente reversibles, por lo que su aplicación requiere criterios clínicos estrictos, evaluaciones exhaustivas y decisiones plenamente informadas. Asimismo, señala que la terapia hormonal en adolescentes constituye una intervención de alto impacto físico y emocional.
El debate cobró mayor intensidad tras conocerse el caso de Laura, una joven que inició un tratamiento de transición. La historia fue expuesta por su abogado en medios colombianos como Semana y en programas de análisis televisivo, donde se detalló que la adolescente fue sometida a intervenciones hormonales durante su adolescencia y, posteriormente, a una cirugía de masculinización pectoral al alcanzar la mayoría de edad.
Según la defensa, Laura había sufrido abuso sexual en su infancia y presentaba antecedentes de depresión, ansiedad y autolesiones cuando fue remitida a una clínica especializada. El abogado sostiene que el equipo médico centró su atención en el diagnóstico de disforia de género y avanzó con intervenciones médicas, pese a la existencia de otros factores psicológicos. La familia argumenta que algunos procedimientos se realizaron sin consentimiento plenamente informado, lo que derivó en una demanda por presunta responsabilidad médica. El caso representa un ejemplo de la complejidad clínica y ética que rodea estos tratamientos en menores.
El debate también se ha extendido al ámbito educativo. La concejal de Bogotá, Diana Diago, cuestionó la publicación de materiales sobre diversidad de género en escuelas públicas, argumentando que promueven una visión ideológica.
El tema ha sido amplificado por el documental Colombia: Fábrica de Niños Trans, que examina los procesos de transición de género en menores en instituciones médicas del país. La producción generó una intensa discusión sobre la velocidad de los diagnósticos, el acompañamiento psicológico y la transparencia en los protocolos clínicos.
En paralelo, el Congreso colombiano avanza en la discusión de una ley integral de identidad de género que busca fortalecer la protección de los derechos de las personas trans. Legisladores que respaldan la iniciativa han señalado, que la propuesta pretende eliminar barreras de acceso a servicios básicos y prevenir la discriminación. Sin embargo, el debate sobre su aplicación en menores sigue siendo uno de los puntos más controvertidos.