Mientras el Fiscal niega reclutamiento; MC impulsa ley para frenarlo

Colima, México, Avanzada (13/02/2026).- Mientras el fiscal general del estado, Bryant Alejandro García, sostiene que en Colima no existe reclutamiento forzado de personas por parte de grupos criminales, diputados de Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa de ley para prevenir y erradicar el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

La propuesta fue presentada este martes 10 de febrero ante el pleno del Congreso local y turnada a comisiones para su análisis.

En su exposición de motivos, los legisladores de MC, Israel González Mendoza y María Cristina Lupién Ventura, advierten que el reclutamiento de menores por parte de actores delictivos constituye “una de las expresiones más graves de violencia”, pues interrumpe proyectos de vida, rompe trayectorias educativas y coloca a la niñez en contextos de explotación y coerción.

La iniciativa cita el “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por grupos delictivos y la delincuencia organizada en zonas de alta incidencia delictiva”, elaborado por la Secretaría de Gobernación, en el que Colima aparece entre las entidades con mayor incidencia en este fenómeno. Manzanillo es señalado como principal foco rojo, con presencia de al menos cuatro grupos delictivos.

Los promoventes sostienen que en México, y en Colima, no está tipificado de manera específica el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes para actividades delictivas, lo que genera vacíos legales y ausencia de sanción para quienes captan, inducen, coaccionan o aprovechan la vulnerabilidad de menores.

“La falta de reconocimiento jurídico y de castigo para los reclutadores contribuye a que las y los menores sean desaparecidos, pierdan su libertad, dignidad e integridad, e incluso la vida”, señala el documento.

La iniciativa también expone datos del INEGI (ENVIPE 2025, con referencia a 2024) que describen un entorno de alta victimización en Colima: el 23.4 por ciento de los hogares tuvo al menos una víctima de delito durante 2024; el costo por inseguridad y delito se estimó en 1.7 mil millones de pesos; la cifra negra alcanza el 90 por ciento; y el 73.1 por ciento de los adultos ya no permite que los menores salgan solos por miedo a que sean víctimas de un delito.

En ese contexto, los legisladores argumentan que la exposición cotidiana a la violencia, la presión económica, la deserción escolar y el debilitamiento del tejido comunitario incrementan los factores de riesgo para el reclutamiento.

La propuesta, expone, no pretende crear delitos federales ni regular la delincuencia organizada, ámbito de competencia federal, sino establecer un marco administrativo estatal de coordinación interinstitucional, con enfoque de derechos y bajo el principio del interés superior de la niñez.

De aprobarse, Colima contaría con un programa estatal con metas y acciones medibles; una comisión interinstitucional operativa; un sistema de información e indicadores; protocolos de actuación para escuelas, sector salud, seguridad, DIF y municipios; así como rutas de protección, reintegración educativa y atención psicosocial para víctimas o población en riesgo, refiere la propuesta.

La ley definiría atribuciones específicas para dependencias estatales y municipales, incluyendo la Secretaría de Educación, Salud, Seguridad Pública, la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el DIF estatal y los 10 municipios.

Cuando existan hechos posiblemente constitutivos de delito, se daría vista a las autoridades competentes, en respeto a las facultades federales. El proyecto fue enviado a comisiones para su análisis.