La Gobernadora prometió revertir el contrato del Relleno Sanitario hace dos años… y no pasa nada

Colima, México, Avanzada (12/12/2025).— El 15 de septiembre de 2023, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado anunció que iniciaría los procesos para revertir el contrato mediante el cual la administración de Ignacio Peralta entregó la operación del relleno sanitario de Villa de Álvarez a MA Tendencias S.A. de C.V., una empresa que antes fabricaba cocinas. Dos años después, el caso permanece congelado: no hay conclusiones, no hay sanciones, no hay denuncias y no hay responsables.

La historia comenzó cuando el Gobierno estatal reveló que la compañía, sin experiencia en manejo de residuos, había recibido más de 76 millones de pesos de recursos públicos por operar el relleno, actividad que durante años estuvo a cargo del Instituto del Medio Ambiente (IMADES). El giro de la empresa, dedicada originalmente a la fabricación de cocinas, cambió repentinamente para hacerse de un contrato millonario con el Estado.

En aquel anuncio, el representante jurídico del gobierno, Roberto Rubio –ahora magistrado del Poder Judicial- aseguró que habían arrancado “los procesos necesarios” para revertir el convenio otorgado en la administración peraltista. Sin embargo, a dos años del arranque del litigio, no hay información pública sobre avances del juicio de lesividad ni sobre posibles responsabilidades administrativas o penales.

La gobernadora Indira Vizcaíno dijo públicamente que el contrato fue lesivo para el Estado. Aseguró que el gobierno anterior llegó a pagar 50 millones de pesos a la empresa por el diseño de un supuesto modelo para operar el relleno.

Además, el contrato estableció un esquema en el que, si no llegaba al relleno una cantidad específica de basura, el Gobierno debía compensar a la empresa. Ese acuerdo, junto con la entrega de la operación a una compañía sin experiencia ambiental, fue considerado por las actuales autoridades como un acto ilegal.

El trasfondo del negocio comenzó incluso antes del contrato. Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, los cabildos de Colima y Villa de Álvarez autorizaron, con poca publicidad, la venta de los predios donde se ubica el relleno sanitario al Gobierno del Estado.

El Ayuntamiento de Colima vendió tres terrenos -El Agostadero, Los Once Pueblos y La Pitayera- por 3.8 millones de pesos. El cabildo, encabezado por el entonces alcalde, Leoncio Morán Sánchez, justificó la operación alegando que el Gobierno estatal necesitaba los predios para acceder a recursos del Fondo Metropolitano.

Tres semanas después, el cabildo villalvarense, entonces presidido por Felipe Cruz, también autorizó la desincorporación y venta del terreno municipal donde opera el relleno. No se precisó el monto de esa transacción.

Dos años más tarde, tras adquirir los predios, el Gobierno de Ignacio Peralta entregó la operación del relleno a la empresa privada.

Aunque la administración de Vizcaíno señaló reiteradamente “negocios particulares” armados desde el gobierno anterior, ningún funcionario ha sido sancionado.