Michoacán, laboratorio de tácticas de guerra de grupos criminales

Michoacán, México, Avanzada (09/12/2025).- Desde la noche del 15 de septiembre de 2008, cuando dos granadas fueron arrojadas y estallaron entre la multitud que celebraba el Grito de Independencia en Morelia, el estado de Michoacán entró en una etapa marcada por tácticas de guerra utilizadas por grupos criminales para someter territorios completos.

Aquel atentado, que dejó ocho muertos, decenas de heridos y un trauma colectivo aún vigente, inauguró un repertorio violento que con los años se volvió más sofisticado y brutal.

En la última década y media, la entidad ha visto desplegarse cuatro armas recurrentes: granadas en espacios públicos, minas terrestres, drones explosivos y coches bomba, lo que en todos los casos ha sido utilizado no sólo para confrontar a fuerzas de seguridad, sino para enviar mensajes de control y terror a la población.

Las minas terrestres, llamadas también narcominas, se convirtieron en una de las expresiones más agresivas de la disputa criminal, que han dejado un saldo numeroso de campesinos, policías municipales, elementos de la Guardia Nacional y soldados muertos o heridos al pasar por brechas y caminos de Tierra Caliente, donde estos artefactos han sido sembrados para impedir patrullajes o cerrar el paso a comunidades enteras.

En 2024 y 2025 se registraron algunos de los episodios más letales en municipios como Buenavista, Cotija y Apatzingán, donde uno de los casos más graves ocurrió en mayo de 2025, cuando la explosión de un artefacto mató a seis militares en la zona limítrofe con Jalisco.

En otras localidades, como Los Reyes y Tepalcatepec, las minas han provocado desplazamientos y han obligado a medidas emergentes de desactivación ante el riesgo para poblaciones rurales.

A partir de 2019, el crimen organizado integró drones comerciales como una herramienta de ataque, que primero fueron adaptados de forma rudimentaria para cargar explosivos; después, algunas células comenzaron a emplear sistemas más sofisticados, incluso tipo FPV, capaces de dirigir cargas directamente contra objetivos.

En municipios como Apatzingán y Zinapécuaro se documentaron los primeros ataques, que luego se extendieron a otras zonas de la entidad, mientras que en varios operativos recientes autoridades aseguraron gran cantidad de artefactos hechos para ser arrojados desde drones, confirmando que el uso de estas aeronaves se volvió parte estable de la estrategia criminal.

El uso de vehículos cargados con explosivos regresó en los últimos años como un mecanismo de alto impacto, como el ataque más reciente, que ocurrió a inicios de diciembre de 2025 en Coahuayana, donde un vehículo explotó frente a una base de policías comunitarios, causando muerte, daños estructurales y una nueva oleada de temor en la zona costera.

La colocación deliberada del coche bomba frente a una instalación de seguridad reforzó la lectura de que estos ataques buscan imponer dominio territorial e intimidar a las comunidades bajo disputa.

De acuerdo con especialistas, aunque cada arma tiene su propia lógica, todas comparten tres objetivos centrales, entre ellos el control territorial, cerrando caminos, expulsando rivales y estableciendo rutas de extorsión; la intimidación, mediante ataques en espacios públicos o contra autoridades y poblaciones organizadas; y la adaptación tecnológica, desde explosivos artesanales hasta drones que requieren operadores especializados.

El resultado es un deterioro profundo en la vida cotidiana,campesinos que temen salir a sus parcelas, patrullas que ya no pueden circular por rutas tradicionales y comunidades que viven bajo la sombra de una violencia que se reinventa constantemente.

Diecisiete años después del atentado de 2008, Michoacán sigue convertido en un laboratorio de tácticas de guerra que han superado la capacidad de respuesta inmediata de las autoridades y mantienen en estado de vulnerabilidad a miles de habitantes.