E.U. no manda tropas, manda maíz… y así invade México

Autor: Armando García.

Hablar de soberanía alimentaria en México mientras el país importa más de 20 millones de toneladas de maíz estadounidense al año es, cuando menos, una contradicción. Es una frase bonita para el discurso, pero vacía cuando la realidad te golpea: el maíz que entra a México viene protegido, subsidiado y asegurado por uno de los sistemas agrícolas más poderosos y más financiados del mundo. Y aquí, nuestros productores compiten descalzos contra gigantes.

Porque sí, hay que decirlo sin rodeos:
El productor de maíz en Estados Unidos recibe más apoyos de los que un campesino mexicano podría imaginar. Allá el gobierno les subsidia hasta el riesgo: si baja el precio, les pagan la diferencia; si la cosecha sale mal, les pagan la pérdida; si hay sequía o inundación, el seguro —subvencionado hasta en un 70% por el gobierno— los rescata. Hay créditos blandos, diesel barato, investigación científica, semillas superiores y hasta una política energética que garantiza demanda para el etanol. En México, en cambio, muchos productores reciben… buena suerte.
Y fertilizante, cuando llega.
Lo demás son trámites, promesas, programas recortados y un eterno “ya casi” que nunca se cumple.

El problema no es solo la falta de apoyos, sino la asimetría brutal: mientras E.U. sostiene a sus agricultores con miles de millones de dólares, México los manda al mercado global sin casco ni chaleco. Y encima, el T-MEC impide frenar o encarecer las importaciones de maíz estadounidense. No es que el gobierno haya firmado un compromiso de compra obligatorio, no. Lo que firmó fue algo más sutil: se amarró las manos.
No puede poner aranceles.
No puede restringir.
No puede proteger.
¿Resultado?
Una invasión legalizada de maíz barato, y sí, es legal, pero también profundamente desigual.

Con ese panorama, los reclamos de los productores mexicanos son totalmente justificados. Quieren un precio justo, quieren certidumbre, quieren sobrevivir. No están pidiendo luna y estrellas; piden que la competencia sea mínimamente pareja. Pero también es verdad: en medio de la presión legítima, algunos bloqueos se volvieron excesivos, afectando a miles de ciudadanos que tampoco tienen culpa de la ineficiencia institucional.

Y aquí aparece el elemento más delicado:
un gobierno que presume 200 mesas de diálogo… pero sin respuestas reales.
Mesas de diálogo que no dialogan.
Negociaciones que no negocian.
Acompañamiento sin acompañar.
Y como si faltara tensión, la Secretaría de Gobernación suelta “advertencias” disfrazadas de frases casuales: “muchos líderes tienen carpetas de investigación”. Un mensaje tan claro como inquietante. No es diálogo: es presión. Y no es política pública: es intimidación.

México habla de soberanía alimentaria mientras depende del maíz que no produce y de un tratado que no puede romper. Habla de justicia para el campo mientras sus campesinos compiten contra el productor más subsidiado del planeta. Y pretende resolver una crisis histórica con mesas de diálogo que no resuelven nada.

Si este país quiere soberanía alimentaria, debe empezar por una verdad incómoda:
no se logra sembrando discursos, sino sembrando justicia, apoyos reales y reglas claras. De otro modo, seguiremos comiendo maíz extranjero mientras el maíz mexicano se queda en las bodegas… barato, abandonado y esperando que algún día el gobierno lo defienda de verdad.