Consejo de ARTICLE 19 manifiesta su preocupación por actitud del director del Sistema Público de Radiodifusión

Autor: Artículo 19

Ciudad de México 21 de febrero de 2020.- El Consejo Consultivo de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica expresa su rechazo a las declaraciones y la actitud de Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) en contra de la directora regional de esta organización, Ana Cristina Ruelas, expresadas durante un foro público en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) celebrado el miércoles 19 de febrero.

La directora, quien participó en la mesa “La conferencia de prensa mañanera ¿rendición de cuentas o control informativo?” del seminario “La comunicación gubernamental a debate, medios y poder en la cuarta transformación”, organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, fue increpada por el funcionario público –quien compartía asiento con el público–, mientras resaltaba los riesgos de la estigmatización de la prensa proveniente desde el Ejecutivo Federal. Esta práctica, la cual ha sido documentada por ARTICLE 19, también es replicada con efectos similares por parte de los ejecutivos locales.

El Consejo Consultivo reconoce que en un espacio académico debe primar el intercambio de ideas y el debate sobre temas de interés público, sin embargo,  manifiesta su preocupación por la actitud del funcionario, quien descalificó la intervención de la directora y defensora de derechos humanos, al cuestionar el rigor de su dicho y calificarlo como “falso dilema de una falsa polarización”. Al respecto, el presidente del SPR señaló «¿tienes manera de confirmar lo que estás diciendo Ana Cristina? es que podemos especular. Hay 5 periodistas asesinados en 2019 […] ¿cuántos de los periodistas asesinados han asistido a las conferencias matutinas? es rigor elemental”. Reproductor de vídeo00:0003:53

Al respecto es importante señalar que, no es necesario que exista relación de causalidad inmediata y directa entre el discurso oficial y las agresiones a la prensa, pues, como los convenios internacionales de los que México es parte disponen, la obligación de prevenir la violencia a la libertad de expresión supone, entre otras, la de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, lo cual «requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia». En este sentido, los funcionarios públicos deben promover de manera activa el pluralismo y la tolerancia propios de una sociedad democrática.

En un Estado democrático de Derecho, debe haber cabida a opiniones distintas, incluso contrarias, pero deben realizarse en el marco del respeto a la dignidad de las personas, máxime cuando el emisor de las expresiones es un servidor público. Actitudes de desdén que pongan en duda la legitimidad del las actividades de personas defensoras de derechos humanos, así como la labor de las organizaciones de defensa de derechos humanos, han sido reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como agresiones contra la labor de defensa^[1].

Señalamos con preocupación, que la intervención del titular del Sistema Público de Radio y Televisión, se enmarca también en la violencia de género que lacera al país y a las personas defensoras de los derechos humanos; todas las intervenciones de los ponentes de la mesa tuvieron opiniones críticas sobre las formas de comunicación social del Presidente de la República, pero la descalificación solo se realizó contra la única mujer que se encontraba en el panel.

Reiteramos que el trabajo de Ana Cristina Ruelas y de la organización que dirige, ARTICLE 19, han contribuido al fortalecimiento de una sociedad democrática durante 12 años, en los que se ha descrito a la violencia de la prensa en distintos contextos, bajo distintos gobiernos tanto locales como federales de todos los partidos. La labor de documentación ha mostrado en ese lapso más 3000 agresiones contra de la prensa en México y 131 asesinatos, de los cuales 11 han ocurrido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En este tiempo, la organización ha sido partícipe del impulso de importantes reformas al marco normativo mexicano, para garantizar la libertad de expresión e información en el país, así como los derechos digitales, ejemplos de ello son la reforma al artículo 73 Constitucional, la creación del Mecanismo de Protección, la Ley General de Transparencia y la Ley General de Datos Personales y la derogación de delitos contra el honor y de halconeo.

La actividad de defensa jurídica ha implicado impactos estructurales a partir del acompañamiento de casos como Lydia Cacho, Pedro Canché y Edwin Canché, Ricardo Cárdenas, Leonardo García, Carmen Aristegui, así como en la colaboración del acompañamiento de casos como Pegasus y Karla Silva. Además de visibilizar fallas en el sistema de procuración e impartición de justicia y sentar precedentes en materia de omisión legislativa, criterios amplios del concepto de periodista, protección del derecho a la protesta, acceso a información pública en redes sociales, entre otros.

En esta tarea, ARTICLE 19 ha sido apoyado por activistas, académicos y periodistas, igualmente indignados por el deterioro de la libertad de expresión en México. Algunos de ellos hoy son funcionarios públicos en el gobierno que encabeza el presidente López Obrador.

Por lo anterior, el Consejo Consultivo de ARTICLE 19 México y Centroamérica hace un llamado para que las y los funcionarios públicos intercambien ideas y opiniones desde el respeto de la dignidad de las personas y no abonen al clima de polarización del discurso público y estigmatización de la labor de defensa de los derechos humanos.