Colima, México, Avanzada (21/11/2025).- En este estado reducido por kilómetros, hace ya dos décadas que una violencia brutal se ha hecho cotidiana. Los cuerpos sin vida duermen en fosas clandestinas, pero también aparecen tirados en calles, jardines, túneles, en espacios abiertos, como si Colima se hubiera convertido en un escenario macabro donde la muerte se exhibe sin pudor. Las balas caen a cualquier hora, y los operativos militares trastocan la vida de una sociedad cuya principal hazaña, para muchos, es simplemente sobrevivir.
Mientras tanto, los representantes de Colima en el Congreso de la Unión parecen espectadores silenciosos. Esta semana, el diario Universal reveló que Ana Karen Hernández Aceves, senadora del PT y aliada de Morena, es la cuarta más faltista del Senado. Por su parte, Virgilio Mendoza, senador por Colima del Verde Ecologista, también figura entre los más ausentes de su bancada. No es un asunto menor: es la forma en la que asumen su responsabilidad.
Los colimenses no están realmente representados. Sus senadores y diputados federales, en muchos casos, no muestran signos de compromiso real más allá de su llegada al poder. Por ejemplo, Leoncio Morán Sánchez es más conocido por sus escándalos que por proyectos concretos para el estado. Gricelda Valencia, diputada federal por Morena, parece borrada de la escena local: pocas actividades, pocas iniciativas. Gabriela Benavides apenas publica algo en redes sobre su trabajo en San Lázaro, y de Miguel Delgado Carrillo, diputado del PVEM que ha vivido la mayor parte de su vida en Colima, tampoco se conocen acciones concretas que beneficien directamente a su tierra. Igual sucede con Julia Jiménez, diputada panista: es prácticamente invisible para la ciudadanía colimense.
Cuando en el país se debaten temas trascendentales, como el Presupuesto de Egresos para 2026, ninguno de estos legisladores informa a su gente sobre las implicaciones para Colima: las obras gestionadas, las acciones para reconstruir el tejido social, las gestiones educativas como bibliotecas escolares o programas de lectura. Nada. Como si Colima no existiera en sus prioridades.
Y tampoco hay cruces con los grupos más afectados por la violencia. No se reportan reuniones con madres buscadoras, ni con víctimas, ni se han presentado iniciativas para destinar recursos especiales a huérfanos de la violencia. No hay programas para psicología gratuita, para acompañamiento social, para prevención. En su lugar, lo que reina es la imagen: videos sonrientes, fotos elegantes, como si la política les hubiera abierto una puerta exclusivamente hacia una nómina cómoda, lujos visibles y conexiones poderosas.
Todo esto, mientras los salarios de los legisladores no han hecho eco con la austeridad que pregonan. Según datos oficiales, un senador recibirá una dieta bruta mensual de 190 mil 023 pesos, que tras retenciones arroja aproximadamente 131 mil 874 pesos netos.
En tanto, los diputados federales tienen una dieta mensual bruta de 110 mil 578 pesos, con un pago neto de 79 mil 000 pesos. Solo para visibilizar lo que eso representa: con 128 senadores y 500 diputados, los costos suman millones para el erario, y los colimenses pagan parte importante de ese costo sin recibir una representación efectiva en temas destacados para su seguridad y desarrollo.
Los legisladores federales por Colima cuestan caro y, en lo esencial, parecen ausentes. El problema no es solo que no propongan políticas: es que no asumen su identidad legislativa. No quieren reconstruir, solo exhibir. Y en un estado donde sobrevivir ya es un acto extraordinario, la indiferencia de quienes deberían proteger y servir se convierte en otra forma de violencia. Eso sí, en el próximo proceso electoral estarán listos para seguir inmersos en la nómina pública.