Senado impulsa la mayor reforma contra la extorsión: hasta 42 años de prisión

Con voto unánime, el Senado aprobó una nueva ley que endurece castigos, define un tipo penal único y obliga a las autoridades a investigar la extorsión incluso sin denuncia formal. El dictamen vuelve a la Cámara de Diputados para su aval final.

Ciudad de México, Avanzada (20/11/2025).- El Senado de la República aprobó este martes una profunda reforma para combatir la extorsión en el país, al avalar modificaciones a 15 artículos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Con 110 votos a favor y sin oposición, el dictamen fue enviado de regreso a la Cámara de Diputados para su última revisión.

La nueva legislación establece por primera vez una definición uniforme de extorsión aplicable en todo el territorio nacional, así como un tipo penal único que homologa sanciones y precisa las modalidades que serán consideradas agravantes.

Uno de los cambios más relevantes es que la extorsión será perseguida de oficio: las víctimas ya no tendrán que ratificar su denuncia y podrán reportar los hechos incluso de forma anónima. Las autoridades deberán iniciar investigaciones en cuanto tengan conocimiento del posible delito.

La pena base quedará entre 15 y 25 años de cárcel, además de multas que van de 300 a 500 UMA —equivalentes a poco más de 56 mil pesos—, a lo que se podrán sumar entre cuatro y hasta 17 años de prisión adicionales si se configuran agravantes. Con ello, las penas máximas podrían alcanzar los 42 años. La prisión preventiva oficiosa aplicará cuando haya circunstancias agravantes y quedarán prohibidos los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Aunque todas las bancadas respaldaron el dictamen, legisladores de oposición insistieron en la necesidad de asignar recursos suficientes para aplicarlo. La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, señaló que la eficacia de la reforma dependerá de su implementación.

“La ley es un avance, pero ninguna norma opera sola. Las instituciones deberán estar preparadas para hacerla valer”, advirtió.

Desde el PRI, Carolina Viggiano sostuvo que el delito se ha fortalecido por la debilidad institucional y acusó que, durante el sexenio anterior, la estrategia de seguridad generó condiciones para que grupos criminales se enfocaran en la extorsión, el secuestro y el robo como principales fuentes de financiamiento.

Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales reconoció un giro en la política federal de seguridad y destacó la urgencia de frenar un delito que se ha disparado en paralelo al aumento del narcotráfico.

Datos oficiales muestran que la extorsión es el único delito que no ha disminuido en la actual administración. Hoy es el tercero más recurrente en México y presenta una “cifra negra” del 97 %, debido al temor de las víctimas a denunciar.

Para atender el problema, el gobierno federal lanzó en julio la Estrategia Nacional contra la Extorsión y promovió una reforma constitucional que permitió la creación de una ley específica. Aunque la Cámara de Diputados había modificado el proyecto original reduciendo penas a funcionarios que ocultaran información, el Senado revirtió ese ajuste.

La ley distingue tres niveles de agravantes. Las más graves —sancionadas con 7 a 17 años adicionales— incluyen el uso de violencia física, el empleo de armas, el “montachoques”, la participación de menores de edad, la comisión del delito desde centros penitenciarios o la simulación de ser empleado de gobierno o empresa privada.

Un segundo nivel impone de 5 a 12 años extra cuando la víctima es una persona en situación de vulnerabilidad, como migrantes, adultos mayores, menores de edad o mujeres embarazadas. También aplicará cuando exista relación de confianza, uso de información privada o empleo de plataformas digitales para cometer la extorsión.

El nivel básico añade de cuatro a ocho años por conductas como el “cobro de piso”, presiones contra comercios, empresas o candidatos, o la imposición de precios y servicios mediante sindicatos reales o simulados.

Además, los servidores públicos que utilicen su cargo para facilitar la extorsión enfrentarán inhabilitación por el mismo periodo que su sentencia, además de la pena correspondiente.

Entre las medidas de apoyo a las víctimas, la ley obliga a garantizar la reparación del daño mediante embargo de bienes, congelamiento de cuentas y aplicación de recursos obtenidos por abandono, decomiso o extinción de dominio. También contempla órdenes de restricción para evitar contacto con los afectados.

La reforma incluye la creación del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargado de recibir y canalizar reportes mediante el número 089. Tendrá hasta seis meses para iniciar operaciones.

El Centro deberá generar inteligencia, identificar patrones delictivos y coordinarse con instituciones federales y estatales para fortalecer la prevención y persecución del delito.

De último momento, el Senado aprobó dos reservas de Morena: una para incorporar perspectiva de género en la aplicación de la ley, y otra para integrar a las plataformas digitales como un medio que, al usarse para extorsionar, constituya una agravante con sanciones adicionales de cinco a 12 años.