Colima, México, Avanzada (27/10/2025).- Cuatro años después de que el priista Ignacio Peralta Sánchez dejó la gubernatura de Colima, siguen sin aclararse los 4 mil 500 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le observó por irregularidades en el manejo de recursos federales.
Los señalamientos, derivados de la Cuenta Pública 2018, revelaron pagos a personal no localizado, desvíos de fondos y deficiencias en la comprobación de recursos enviados a Colima. Sin embargo, en la página oficial de la ASF no existe información pública que indique la recuperación de esos recursos ni sanciones derivadas del presunto daño a la Hacienda federal.
De acuerdo con los informes de la Auditoría, 3 mil 501 millones 739 mil pesos corresponden a irregularidades en el manejo de Participaciones Federales a las Entidades Federativas, monto que representó el 75 por ciento del dinero transferido al estado por ese concepto. Además, se detectaron anomalías por 36 millones 630 mil pesos en el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, y por 19 millones 646 mil pesos en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), debido al pago a mil 164 trabajadores que no fueron localizados en sus centros laborales.
También hubo observaciones por 28 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), lo que evidenció fallas generalizadas en el manejo del gasto federalizado. En total, Colima registró un nivel de observaciones de 33.3 por ciento, el más alto entre las 32 entidades del país en el último año de gobierno de Peralta.
Aunque en marzo de 2019 Peralta aseguró que su administración “solventaría las observaciones”, nunca volvió a referirse al tema. Desde entonces, ninguna autoridad estatal ni federal ha informado sobre acciones para recuperar o esclarecer el uso de esos recursos. El gobierno de Indira Vizcaíno Silva, que asumió el cargo en noviembre de 2021, tampoco ha transparentado avances sobre posibles investigaciones o procedimientos administrativos derivados de las observaciones.
El caso de los 4 mil 500 millones de pesos observados en Colima muestra un patrón recurrente en el país: el uso irregular del dinero público, la falta de consecuencias, y la desaparición administrativa de fondos federales que nunca regresan a las arcas nacionales.