Instituciones silentes: omisión que agrava la violencia

Colima, México, Avanzada (22/10/2025).- Mientras las cifras de homicidios colocan a Colima como el estado más violento de México, las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, fiscalizar al poder y combatir la corrupción permanecen silentes. El Congreso local, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEC) y el Sistema Estatal Anticorrupción han evitado asumir un papel público frente a una crisis que ha cobrado la vida de miles de colimenses y ha extendido el miedo a todos los sectores.

En 2024, Colima registró la mayor tasa de homicidios dolosos del país: 103.10 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo. Un año antes, la tasa fue incluso mayor: 117 por cada 100 mil, una cifra que duplica el promedio nacional.

La violencia no se limita a las cifras. El 14 de octubre de este año, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía, fue asesinada a balazos en el municipio que gobernó durante el trienio 2021-2024. Días antes, dos establecimientos en la capital del estado, el restaurante El Atracadero y la palapa Camarón Pelao, fueron incendiados, presuntamente de forma intencional.

A pesar de ello, el Congreso del Estado no ha presentado una estrategia legislativa sólida ni un posicionamiento colectivo ante la crisis, más allá de intervenciones aisladas en tribuna. La falta de debate público sobre seguridad y derechos humanos refleja un vacío político que deja sin representación real a las víctimas.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEC), que tiene como mandato proteger y garantizar los derechos fundamentales, no ha emitido pronunciamientos visibles sobre la ola de homicidios ni diagnósticos amplios sobre su impacto social. Su última participación mediática significativa fue en 2023, por los casos de desaparición y la crisis en los hospitales públicos de Colima. Desde entonces, el organismo ha mantenido un bajo perfil, sin divulgar informes sobre orfandad, desplazamiento o víctimas indirectas derivadas de la violencia.

El Sistema Estatal Anticorrupción, creado para prevenir los abusos de poder y garantizar la rendición de cuentas, también ha guardado silencio. Ninguno de sus informes o sesiones públicas ha abordado la posible relación entre corrupción e inseguridad, ni ha exigido transparencia en torno a las investigaciones por ataques, desapariciones o asesinatos. Su inacción refuerza la percepción de que, en Colima, los órganos autónomos se han convertido en espectadores de la crisis más grave de su historia reciente.

Otros organismos, como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI), mantienen convenios con la Fiscalía y la CDHEC para atender delitos como la tortura, pero no han hecho visible una política de atención integral a víctimas de homicidio o violencia generalizada.

El contraste con otras entidades es notorio. En el Estado de México, por ejemplo, el Congreso local creó una Comisión Permanente de Seguimiento de las Alertas de Violencia de Género, mientras que las comisiones de derechos humanos de entidades como Jalisco o Veracruz han emitido recomendaciones específicas por homicidios y desapariciones. En Colima, en cambio, el silencio institucional es tan persistente como la violencia misma.