Fue el Estado

Cada vez que asesinan a un político en Colima, la pregunta es la misma: ¿quién lo ordenó? Detrás de esa interrogante se oculta otra, más profunda e incómoda: ¿por qué siempre pueden hacerlo? La muerte de Gabriela Mejía desnuda la violencia que asfixia al estado, aunado a la impunidad estructural que permite que todo ocurra una y otra vez.

Los crímenes políticos en Colima no son nuevos ni casuales. Su historia reciente se remonta al asesinato del exgobernador Silverio Cavazos, hace diecisiete años. La versión oficial —difundida entonces por la Procuraduría General de Justicia del Estado— señalaba que un narcotraficante, presuntamente Gerardo Mendoza, alias El Flaco, había ordenado su ejecución. Pero aun cuando el presunto asesino fue posteriormente asesinado a golpes en el penal de Puente Grande, Jalisco, el móvil del crimen jamás se esclareció. Aceptar aquella versión sería, por tanto, un acto de fe.

Desde entonces, Colima ha vivido una larga y dolorosa secuencia de asesinatos: diputados, alcaldes, funcionarios estatales, delegados federales y hasta un intento de homicidio contra el exgobernador Fernando Moreno Peña. La lista es extensa, casi inabarcable. Y lo más grave: todos esos hechos permanecen impunes. Las organizaciones criminales que asesinan a políticos en Colima no surgieron de la nada ni actúan por impulso; llevan años operando con una claridad escalofriante.

El mensaje que buscan enviar es inequívoco: mostrar a los demás lo que les ocurrirá si desobedecen sus órdenes o incumplen acuerdos. Pero no sólo eso. Los asesinatos de figuras políticas también sirven para fortalecer sus propios proyectos criminales, eliminando a los adversarios de sus intereses.

Otra posibilidad —la de los motivos personales— siempre existe, aunque explorarla sería entrar en el terreno infinito de la especulación.

Pero hay una tercera hipótesis que, a mi juicio, es la más incómoda y, al mismo tiempo, la más certera: fue el Estado.

Sí, fue el Estado en coadyuvancia con los criminales. Porque cuando se permite que más del 95 por ciento de los homicidios queden impunes, el mensaje que reciben los asesinos es de absoluta certeza: pueden matar sin consecuencias. Fue el Estado porque sus estrategias de seguridad fracasan una y otra vez. Fue el Estado porque sus reuniones en las llamadas “mesas de coordinación” parecen una puesta en escena: funcionarios atendidos por meseros, servidos con platillos exquisitos y fotografiados para simular trabajo en notas de prensa que dicen nada.

Fue el Estado como ese ente abstracto, burocrático y complaciente que, pese a contar con miles de cámaras, cuerpos policiales, unidades de inteligencia y organismos para combatir el lavado de dinero, es incapaz de identificar, detener y juzgar a los verdaderos responsables de las masacres que azotan a Colima.

Estoy convencido: no fue Indira. Su gobierno, tan patéticamente mediocre, carece de la inteligencia, la capacidad y el control necesarios para planear un crimen de esa magnitud. Pero sí es responsable por omisión. Porque en la medida en que tolera la ineficacia institucional, alimenta el poder de los cárteles. Porque mientras se dedica a la propaganda, los colimenses entierran a sus muertos.

No fue Indira la que jaló el gatillo. Pero fue su Estado —y todos los que lo precedieron— el que creó el escenario perfecto para que cualquiera pueda hacerlo, sin pagar las consecuencias.

Esa es, en esencia, la tragedia colimense.