Colima perdió 25% de cobertura vegetal en dos décadas; “cifra alarmante” reconoce gobierno 

Colima, México, Avanzada (06/10/2025).- Mientras ambientalistas, pescadores y salineros levantan la voz contra la ampliación del Puerto de Manzanillo por la destrucción de 22 hectáreas de vegetación, el Gobierno del Estado de Colima y el Congreso local lanzaron la consulta pública para actualizar el marco jurídico ambiental con la construcción de la nueva Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático. Dos realidades contrastantes que ponen sobre la mesa el dilema entre crecimiento económico y protección ambiental.

El proyecto portuario, respaldado por la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), ha sido señalado como un ecocidio por el daño que implicaría en manglares, dunas costeras y hábitat de especies marinas y terrestres. En contraste, el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (IMADES), con apoyo del Congreso local piden la participación de la sociedad para fortalecer la política climática estatal. El esfuerzo cuenta con la colaboración de la organización POLEA y financiamiento del programa UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions) del Gobierno del Reino Unido.

La página electrónica donde se promueve la consulta dice que se busca alinear la legislación local con compromisos internacionales como el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y la Agenda 2030, además de armonizarla con la Ley General de Cambio Climático de México. A través del sitio Leycccolima.com, la ciudadanía puede participar en la consulta pública y acceder a diagnósticos sobre los impactos climáticos en la entidad.

Uno de los documentos disponibles, reconoce que en los últimos 25 años, Colima ha perdido alrededor del 25 por ciento de su cobertura vegetal, cifra superior al promedio nacional de deforestación. Ecosistemas como selvas bajas y medianas, dunas costeras y cuerpos de agua muestran un deterioro acelerado, agravado por fenómenos recurrentes como la actividad eruptiva del Volcán de Fuego y la incidencia de ciclones en la costa.

La nueva legislación busca reducir riesgos climáticos, establecer un registro estatal de emisiones y promover estrategias de descarbonización del Puerto de Manzanillo, uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero en la entidad. También pretende reforzar la planeación territorial, garantizar la participación de comunidades vulnerables y aplicar un enfoque de justicia climática en la toma de decisiones.

Mientras desde el gobierno estatal se impulsa un marco jurídico “robusto” para responder a la emergencia climática, en el terreno ambiental se tolera un proyecto que ambientalistas advierten como una amenaza irreversible para la biodiversidad costera.

*En la fotografía: opositores a la ampliación del puerto de Manzanillo durante la consulta pública.