Los magistrados del bienestar

Autor: Mario Alberto Solís Espinosa.

Malas Compañías

Este miércoles comenzará una nueva etapa para el Poder Judicial de Colima, con los funcionarios ganadores en el proceso extraordinario del mes de junio pasado y a través de una elección que fue calificada como fraudulenta debido a la proliferación de listados que orientaron, antes y durante los comicios, el sufragio de la ciudadanía.

A pesar de los señalamientos, este 1 de octubre rendirán protesta los magistrados y jueces que cargarán sobre su espalda la responsabilidad histórica de transformar la impartición de la justicia en la entidad, tal como lo prometieron los herederos del lopezobradorismo.

En el pasado, los grupos de poder tradicionales cooptaron espacios en el Poder Judicial; dicha institución se convirtió en una extensión de las élites políticas y económicas del estado, una agencia de colocaciones que se disputaron los partidos políticos tradicionales.

¿Logrará la reforma judicial revertir los vicios del viejo sistema político-institucional y darle a la sociedad colimense un Poder que garantice la justicia? Es muy poco probable que eso ocurra, no al menos con los perfiles que fueron seleccionados, primero en instituciones contraladas por el oficialismo, luego legitimados por los votantes.

Si bien entre los 10 integrantes de lo que será el Tribunal Superior del Estado hay profesionales con valiosas trayectorias o experiencia en la materia jurisdiccional, como los exjueces Dulce Alejandra Alcantar Álvarez; Conrado Sandoval Chacón; Benita Marisela Ramírez Fernández y Abelardo García Luna, el resto del pleno adolece una innegable cercanía con la cúpula gobernante.

Así, los actuales magistrados Juan Carlos Montes, Ruth Bravo Ortiz y Lilia Hernández Flores apostaron por su reelección en el cargo solamente una vez que garantizaron su inclusión entre los candidatos palomeados por el morenismo. A cambio y desde antes, sus resoluciones en el extinto Supremo Tribunal siempre estuvieron del lado del poder.

Aida Pamela Caldera y Roberto Rubio Torres de plano hasta hace poco fueron empleados de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, una como titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el otro en la Consejería Jurídica del gobierno estatal, es muy lógico concluir a quién deben su cargo y su lealtad.

La situación en el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano responsable de vigilar la actuación de jueces y magistrados, es todavía peor, dado que de los cinco espacios, cuatro son ocupados por personajes ligados al oficialismo, incluso algunos de ellos militan activamente en Morena.

En dicha instancia, donde hipotéticamente se garantizará el buen funcionamiento del Poder Judicial, despacharán a partir de este miércoles Arturo Javier Pérez Moreno, quien fue recientemente director General de Gobierno; Alma Verónica Arellano Salazar, extrabajadora de la Contraloría General; Carmen Quiles Virgen, oficial mayor del Congreso del Estado que controla Morena; así como Jorge Arceo Rodríguez, director de Proceso Legislativo en esa misma institución. Los dos últimos siguen inscritos en el padrón del partido oficialista.   

Resulta muy poco probable que un Poder Judicial plagado de personajes afines al régimen pueda actuar con independencia y libertad, por el contrario, es previsible que se mantenga la estructura de complicidades que ha permitido la prevalencia de un modelo de corrupción que contamina amplios segmentos de la vida pública en Colima.

Colocar en las posiciones jurisdiccionales a perfiles que en el gobierno estatal poco pudieron hacer para desmontar el modelo priista resulta poco efectivo y evidencia los verdaderos objetivos de la reforma judicial: se trata solamente de cambiarle de color y filiación a esa institución, convirtiendo en guinda lo que antes era tricolor, aunque en el fondo seguirá siendo lo mismo, un poder que como los otros, poco le sirve a la sociedad.

BREVE HISTORIA PARA CAMILA. El domingo por la tarde, mientras la princesa y yo descansábamos plácidamente, la delincuencia se cebaba sobre tres viviendas ubicadas apenas a unos cuantos metros de la nuestra. Los propietarios tuvieron la fortuna de no estar presentes cuando los ladrones se introdujeron en su propiedad. Desde entonces la incertidumbre y la zozobra permean el ambiente entre los vecinos; es así como el crimen, ya sea organizado o común, estrecha su cerco en torno a la sociedad colimense, mientras la gobernadora Indira Vizcaíno Silva se deshace en elogios hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ellas piensan que están transformado al país. A mí sinceramente me parece que no están cambiando nada.