OSAFIG documentó el desfalco en Pensiones desde 2018; ahora lo cargarán al erario

Colima, México, Avanzada (15/09/2025).- La Auditoría Excepcional a la Dirección de Pensiones, realizada en 2018 por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) cuando se creó el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL) y desapareció dicha dirección, reveló un cúmulo de presuntas irregularidades.

Sin embargo, a pesar de los hallazgos, no existen investigaciones ni sanciones, pero sí una deuda superior a 700 millones de pesos que ahora se pretende cubrir con recursos del presupuesto público. Ante el incumplimiento en el pago del convenio firmado con el IPECOL, el Gobierno estatal busca constituir un fideicomiso, mecanismo que en los hechos trasladaría la carga del quebranto financiero a los contribuyentes.

El documento, publicado por el OSAFIG en 2018, revisó las operaciones realizadas entre enero de 2011 y diciembre de 2016 en la Dirección de Pensiones, aunque los adeudos provienen desde 2003, según ha señalado en diversas entrevistas el líder de los burócratas, Martín Flores Castañeda.

La auditoría reveló que la Dirección de Pensiones omitió registrar y cobrar créditos superiores a mil 400 millones de pesos, además de no exhibir actas de Consejo ni contratos que justifiquen erogaciones millonarias, como los 69 millones en la llamada “Cuenta Hospitalización”. En otros casos, como el pago de honorarios médicos, se gastaron 44 millones de pesos, cuando el presupuesto autorizado era de poco más de 24 millones.

Entre las observaciones encontradas por el OSAFIG en 2018 a las cuentas de la Dirección de Pensiones resalta la F45-FS, en la que no se encontró evidencia documental que justifique la adquisición de un reloj de escritorio por 100 mil pesos. Otra, la F47-FS, señala que se contrató una tarjeta American Express con la que se pagaron 153 mil 961 pesos sin autorización del Consejo. La F32-FS documenta tres transferencias electrónicas en 2011 por un millón 500 mil pesos a una cuenta no registrada.

A siete años de estas irregularidades, no se han fincado responsabilidades ni sanciones. Hoy, en 2025, en lugar de emprender acciones legales para recuperar los recursos desviados, el Gobierno estatal y el sindicato de gobierno buscan crear un fideicomiso financiado con dinero público para cubrir más de 700 millones de pesos en deudas.

El propio OSAFIG documentó que, al cierre de agosto de 2018, las entidades públicas patronales acumulaban casi mil millones de pesos de adeudos con Pensiones. Solo el Gobierno estatal debía más de 729 millones; a ello se sumaban pasivos de ayuntamientos, tribunales, organismos autónomos y dependencias. Pese a la magnitud del quebranto, las anomalías documentadas permanecen en la impunidad.