Una reforma electoral genuina, no simulada

Malas Compañías

Autor: Mario Alberto Solís Espinosa.

Tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación el decreto que integra la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, inició el proceso legal que aspira a convertirse en la modificación más profunda de los últimos años al sistema político mexicano, un objetivo que no pudo alcanzar el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio, por falta de mayorías calificadas en el Congreso de la Unión.

La presidenta Claudia Sheinbaum buscará darle continuidad a varias de las propuestas de su antecesor, pero también incluir sus prioridades en la iniciativa que podría enviarse en el mes de septiembre al Congreso de la Unión, para que sea aprobada este mismo año.

Destacan entre los planteamientos que podría incluir la enmienda electoral la reducción o incluso desaparición de los legisladores de representación proporcional o también llamados plurinominales, el recorte al presupuesto otorgado a los partidos políticos y muy probablemente la modificación del proceso de nombramiento de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el primer asunto, el oficialismo buscará permear a la opinión pública con la idea de que los diputados y senadores de representación proporcional son poco útiles al país, y tiene razón dicha premisa, pues actualmente esa figura únicamente se dedican a la protección de sus intereses y los de su partido.

Por lo tanto, la solución es muy sencilla, tendrían que desaparecer los legisladores plurinominales de partido. Es decir que al pervertir la representación de las minorías, los institutos partidistas perderían el derecho a la postulación, misma que pasaría a la sociedad civil, esto a través de organizaciones ciudadanas y mediante un sorteo o proceso de insaculación similar.

Tendría que ser uno de los requisitos para aspirar a una posición plurinominal no haber militado en ningún partido político. Así, el ciudadano electo verdaderamente representaría a las minorías pero de la sociedad, no a las partidistas, pues ese modelo efectivamente fracasó y por lo tanto debe desaparecer.

Con un esquema de esas características, los nuevos diputados y senadores plurinominales tendrían que velar por los intereses colectivos, imponiéndoseles candados para aliarse con las bancadas partidistas y reservando esa posibilidad únicamente a la coalición con otros ciudadanos, para conformar bloques que impulsen la agenda social.

Incluso podría mantenerse el número actual de 200 plurinominales, para reducir los distritos de mayoría a 200 y que de esa forma, la Cámara de Diputados se integre exactamente con el mismo número de diputados de partidos y tribunos surgidos de la sociedad civil, una paridad que obligaría a amplios consensos y cancelaría los burdos mayoriteos.

La representación proporcional o plurinominal no es el problema. Sí lo es que sean los partidos quienes postulan a las personas que ocuparán esos cargos, pues los designados solo representan a las camarillas que los beneficiaron y en otros casos, solo acceden al cargo para aliarse con los mejores postores. Eso no ocurriría con una representación social que tenga controles, limitantes y reglas bien claras al acceder a una curul.

Una reforma electoral genuina, no simulada, otorgaría mayor poder a los ciudadanos y cancelaría los privilegios que durante años ostentaron los partidos políticos. La postulación de candidatos plurinominales es una de esas canonjías que se utilizó para abusar, pactar a escondidas del pueblo y expoliar. Esas dinámicas pueden cambiar con una enmienda inteligente, honesta y surgida desde la sociedad.

La misma dinámica aplica para el financiamiento a los partidos políticos. No basta reducirles el 50 por ciento del presupuesto a dichas instituciones que son francamente inútiles a la sociedad. En este caso, la propuesta tendría que establecer que en año no electoral, no se asignen recursos públicos a los partidos.

Por ejemplo en el 2025, los partidos políticos en Colima recibirán un total de 43 millones de pesos por concepto de financiamiento público. ¿Cuál es el beneficio que reciben los colimenses por ceder ese importante monto económico a organizaciones que se han convertido en entelequias de participación política y cotos de unos cuantos que monopolizan los beneficios del sistema actual?

Si en año no electoral se cancelara el financiamiento a partidos políticos, este 2025 el gobierno estatal tendría más de 40 millones de pesos disponibles para invertirlos, por ejemplo, en garantizar el abasto de medicamentos en los centros hospitalarios o mejorar la infraestructura de los nosocomios; en mejora de escuelas o espacios públicos de esparcimiento y reunión social; en nuevos maestros o más policías.

La reforma electoral, para atender las principales demandas de la población, tendrá que reducir los privilegios de la casta política; eliminar el monopolio que tienen dichas organizaciones en la postulación de candidaturas y promover mecanismos de participación social. Se ve muy difícil lograr una enmienda con estas características, pues son los partidos políticos, a través de sus diputados y senadores, quienes deberán analizar y votar la enmienda. No se puede esperar nada bueno.

BREVE HISTORIA PARA CAMILA. Cuando los gobiernos hacen su trabajo no debe considerarse un evento extraordinario, pero sí reconocerse. Es el caso de la labor de poda que realizó el Ayuntamiento de Colima en el jardín de Santa Bárbara. El lugar es amplio y agradable cuando está limpio y libre de maleza. Funciona como pulmón natural y es ideal para el paseo de mascotas. Ahí Camila y yo hemos pasado buenos momentos con el Tiberius, nuestro indomable can. Es deseable que se mantenga en óptimas condiciones la parte que fue podada y se complete el trabajo donde hace falta.