Indira Vizcaíno, los negocios en familia desde el poder

EDITORIAL

En política, la congruencia no debería ser un lujo, sino una obligación. No solo por una cuestión de ética, sino por respeto a la ciudadanía que deposita su confianza en quienes gobiernan. Sin embargo, el caso reciente de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, pone en tela de juicio esa congruencia que ella misma proclamó como guía de su actuar político.

En enero de 2021, cuando aspiraba a la gubernatura bajo las siglas de Morena, Vizcaíno lanzó una crítica tajante contra la vieja cultura del enriquecimiento político: “Lo peor que podía pasar”, dijo entonces, era que un funcionario saliera del cargo más rico que como entró. Se rebeló contra esa lógica perversa del “el que no transa no avanza” y urgió a cambiar esa mentalidad. Hoy, ya investida como mandataria estatal, sus acciones van en dirección contraria a sus palabras.

Mientras se construye MerColima, el nuevo Mercado de Abastos que su propio gobierno impulsa como motor del desarrollo agropecuario en la entidad, la gobernadora y tres de sus familiares constituyeron dos empresas agropecuarias orientadas precisamente a ese mismo sector. No solo eso: ella figura como socia mayoritaria en ambas. Y no está sola. Su padre, su hermano y su hermana también participan como socios en las mismas compañías.

El conflicto ético, aunque no necesariamente legal, es evidente. El mismo gobierno que promueve una infraestructura estratégica para el campo, es el que ahora impulsa empresas familiares con objeto social alineado a esa visión de desarrollo. ¿Casualidad? Difícil de creer.

Más allá de los tecnicismos legales, lo preocupante es el mensaje que se manda a la sociedad. ¿Qué diferencia existe entre lo que Vizcaíno criticaba y lo que ahora practica? El uso de información privilegiada, la anticipación de políticas públicas, o la posibilidad de acceder a apoyos o incentivos gubernamentales —incluso sin que medie favoritismo explícito— ya es de por sí terreno pantanoso.

Este episodio no es un simple desliz. Se suma a una serie de casos donde familiares de la mandataria, como su hermano Arnoldo Vizcaíno Silva, también involucrado en empresas de transporte, aparecen en el entramado económico local con vínculos que orbitan alrededor del poder político estatal. Se repite, una vez más, la vieja historia mexicana de los negocios en familia desde el poder.

Y si bien es cierto que no hay delito en constituir empresas, sí hay un compromiso moral con la transparencia, la rendición de cuentas y la distancia del poder respecto a los intereses privados, especialmente cuando se trata de altos funcionarios o sus familiares directos.

En un país lacerado por décadas de corrupción, el combate a este flagelo no se resuelve con discursos incendiarios o frases virales. Se combate con acciones concretas, con separación clara entre lo público y lo privado, y con el ejemplo. De nada sirve abanderar causas justas si en los hechos se reproduce la misma lógica que se prometió erradicar.

MerColima debería ser una oportunidad para que los pequeños productores colimenses encuentren justicia comercial, no para que quienes gobiernan capitalicen sus políticas desde el sector privado. Si la gobernadora cree, como lo decía en 2021, que ser honesto no es un defecto, entonces hoy tiene una deuda con su propio discurso y con la ciudadanía que creyó en él. Porque en política, lo que se dice cuenta; pero lo que se hace, define.