ASF: Las viejas prácticas viciadas persisten en Colima

EDITORIAL

El cambio de partido en el poder suele venderse como sinónimo de renovación ética, eficiencia administrativa y ruptura con el pasado. En Colima, sin embargo, los recientes resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dejan claro que, más allá del discurso de la transformación, las prácticas viciadas no solo no han desaparecido, sino que se repiten con alarmante descaro.

De acuerdo con el Primer Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, el Gobierno del Estado de Colima, que encabeza la maestra en derechos humanos Indira Vizcaíno Silva, debe aclarar casi 20 millones de pesos ejercidos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). ¿El motivo? Se detectó que se otorgaron apoyos alimentarios y asistenciales a personas fallecidas, a ciudadanos sin CURP registrada en el sistema nacional e incluso a beneficiarios fuera del rango de edad permitido.

Si estos hechos no fueran suficientemente graves por sí mismos, la ASF también advierte que no existe documentación comprobatoria que justifique parte de la infraestructura educativa que supuestamente se realizó con recursos del mismo fondo. La conclusión es contundente: hay un probable daño a la Hacienda Pública Federal equivalente al 9.5 % de la muestra auditada, y se incurrió en violaciones claras a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Educación.

¿Cómo explicar que un gobierno que se autodefine como parte del “cambio verdadero” incurra en errores tan burdos y tan comunes en la vieja clase política? ¿Dónde queda la promesa de administrar con honestidad, eficiencia y justicia social, si el padrón de beneficiarios contiene fallecidos y nombres inexistentes?

Esta auditoría exhibe un patrón que va más allá de lo administrativo: es un síntoma de una cultura institucional que se resiste a morir, aunque el discurso se pinte de nuevos colores. Los partidos cambian, pero las redes clientelares, la opacidad en el manejo de recursos y la simulación en programas sociales parecen permanecer intocables.

La gravedad no está solo en la posible malversación de recursos por parte del gobierno de Vizcaíno, sino en lo que representa: la persistencia de un sistema que convierte los fondos públicos en moneda política, que tolera negligencias bajo la protección del discurso ideológico y que, en última instancia, castiga a la ciudadanía con servicios deficientes y promesas incumplidas.

El caso del FAM es un espejo de lo que no debe seguir ocurriendo. En lugar de asistencias útiles, hubo reparto ficticio; en lugar de escuelas nuevas o rehabilitadas, hubo facturas extraviadas. Y mientras tanto, los problemas estructurales en Colima —como la precariedad educativa, la inseguridad o la crisis de servicios— siguen sin solución real.

Si la administración de Indira Vizcaíno no quiere convertirse en una copia más del pasado que prometió erradicar, debe responder con claridad y con hechos. De lo contrario, confirmará lo que muchos ya están seguros: que en Colima, las siglas cambian, pero las malas prácticas no.